Se supondría que llegarían a Estados Unidos a través de México, agotados, sin dinero, con el alma en un hilo, pero con un futuro más o menos prometedor.

El papá, sus dos hijos, una sobrina y un cuñado fueron cinco de las 72 víctimas cuyos cuerpos aparecieron en un lote baldío en San Fernando, Tamaulipas, en un hecho que hasta ahora se presume fue autoría del crimen organizado.

La escena se hizo pública el 25 de agosto de 2010.
Ángela Lacán, esposa y mamá de dos de los jóvenes que regresaron muertos a Guatemala dice, a cuatro años de distancia, que ha sido un proceso muy difícil, come y duerme poco, su sonrisa se extravió, ha cambiado de domicilio por constantes llamadas de extorsión.

Vive en la misma pobreza extrema que impulsó a sus seres queridos a querer emigrar de Sipacapa, su comunidad. Reclama que se ha quedado desamparada, sin su familia, y sin apoyo de su gobierno ni del mexicano.

En San Fernando murieron 25 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, cinco ecuatorianos, tres brasileños, un indú y 11 restos siguen sin identificar.

La recomendación número 80/2013 que emitió hace ocho meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue aceptada por la Procuraduría General de la República (PGR) pero, según un informe de 2013 del propio organismo, aún no se cuenta con pruebas de que dicha dependencia le esté dando cumplimiento.

Organizaciones civiles exigen esclarecer los hechos, castigar a los responsables y se establezcan medidas que garanticen la no repetición, pues aseguraron que los migrantes siguen expuestos a secuestros y homicidios.

Sigue en la impunidad
Marta Sánchez, coordinadora ejecutiva del Movimiento del Migrante Mesoamericano, consideró que este caso sigue en la impunidad, que las diligencias no se realizaron con el debido cuidado y que hay cientos de cuerpos de migrantes víctimas del crimen organizado en su tránsito por el país que no han sido identificados, y que corren el riesgo de ser llevados a fosas comunes.

Samuel Kenny, coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos Humanos, informó que apenas el pasado 23 y 24 de julio, los cadáveres de 11 migrantes asesinados y sepultados en fosas clandestinas fueron entregados a sus familiares, y que la comisión forense creada para este propósito seguirá en el proceso de identificación de restos de otras personas cuyos parientes viven con la incertidumbre, en su búsqueda.

El padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos del Camino, en Ixtepec, Oaxaca, reiteró que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de toda persona que transite por el territorio nacional, sea documentada o no, y consideró que no se le ha puesto la debida atención al problema porque los migrantes son vistos por autoridades y grupos delincuenciales como un negocio y una mercancía, no como seres humanos.

¿Serán ellos?

Ángela Lacán aún tiene sus dudas. Constantemente se cuestiona si los restos que recibió realmente son los de su esposo, Efraín Pineda, y los de sus hijos Nancy, de 25 años y Richard Pineda Lacán, de 22.

Lo duda, porque nadie le explicó cómo es que se hizo la identificación.
Durante su travesía, la familia de migrantes estuvo en comunicación con sus seres queridos.

Todos partieron rumbo al norte el 2 de agosto de 2010. Cinco días después hablaron por teléfono a sus casas. Dijeron que llevaban cinco días caminando, pero ya estaban en México.

El 18 de agosto hicieron otra llamada telefónica, la última. Sobrevivieron al tren de carga, a La Bestia, y estaban muy cerca de la línea divisoria entre México y Estados Unidos.

Al siguiente día cruzarían el Río Bravo.
Pero algo pasó ese 18 de agosto. La mamá de la sobrina de don Efraín, Mayra Cifuentes Pineda, recibió un mensaje de texto que la alarmó, y que decía que cuidaran a su hijo porque no sabía si iba a regresar a su país.

Desde entonces perdieron todo contacto con el grupo.
Cuando vieron las imágenes de lo ocurrido en San Fernando acudieron a la cancillería en Guatemala, y después fueron notificados de que en efecto, entre las 72 víctimas estaban sus familiares, porque traían la misma ropa que dieron como referencia para localizarlos.

El 5 de noviembre de 2010 llegaron los cuerpos de quienes le dijeron eran su esposo Efraín y su hijo Richard. También de la sobrina Mayra Cifuentes, quien dejó huérfano a un niño y a una madre desolada.

El padre de la joven se hundió en depresión y murió en 2013 a causa de un derrame cerebral.
El féretro con el cuerpo de Nancy llegó hasta el 23 de marzo de 2011.

Para su identificación ya no se usó la ropa sino muestras de ADN. Ella dejó a una niña de cinco años y su nombre ocupa el sitio 83 de una lista de 162 personas que el gobierno guatemalteco elaboró como parte del Programa de Repatriación de Fallecidos en 2011.

Los restos mortales del cuñado que viajaba con este grupo, Santos Enrique Agustín, fueron los primeros que recibió la familia, el 24 de septiembre de 2010.

Ángela Lacán pide que la identificación de cuerpos se realice bajo normas internacionales porque sus dudas prevalecen, y que ambos gobiernos reparen el daño.

Toma el caso la CNDH
El 25 de agosto de 2010 la CNDH inició una investigación sobre estos hechos, y documentó en el expediente CNDH/5/2010/4688/Q, violaciones a los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor.

Como dio a conocer EL UNIVERSAL el 27 de diciembre de 2013, el organismo encontró: que el Ministerio Público no efectuó de manera adecuada sus diligencias, pues no resguardó el lugar de los hechos para evitar la pérdida o manipulación de evidencias; que el levantamiento de los cadáveres y las pruebas fue deficiente, precipitada y sin metodología, puesto que no se registraron datos básicos como la posición de cada cuerpo, edad aproximada, media filiación, vestimenta y la presencia de lesiones.

Además, durante dos días los cadáveres permanecieron expuestos a la intemperie y apilados; que las necropsias se hicieron 48 horas después del hallazgo sin el debido cuidado; que se entregaron 16 cuerpos al gobierno de Honduras sin pruebas claras e irrefutables de su identificación; que la PGR no reportó las irregularidades en su expediente; que la Federación trasladó 56 cuerpos de San Fernando hacia el Servicio Médico Forense en el Distrito Federal sin las medidas sanitarias reglamentarias, y no se proporcionó atención psicológica de urgencia a los dos sobrevivientes de la masacre.

Por ello, solicitó a la PGR que tomara medidas para que se respetaran los derechos de las víctimas y ofendidos de este delito; que se instruyera a Ministerios Públicos y peritos sobre la identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como procesamientos de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos.

El organismo pidió alimentar y enriquecer de manera adecuada el Banco Nacional de Datos Genéticos y realizar acciones de combate al secuestro de migrantes.

El deficiente manejo de las evidencias fue constatado por madres de migrantes que buscan a sus desaparecidos. Marta Sánchez, del Movimiento del Migrante Mesoamericano, narró que el 2 de noviembre de 2011 la caravana llegó a San Fernando para realizar un homenaje a los fallecidos y que para su sorpresa, encontraron ropa, zapatos y gorras de los migrantes asesinados.

Las pertenencias las guardaron en una bolsa de plástico que entregaron al Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.
El padre Solalinde asegura que si no se previenen este tipo de hechos y se protege a los migrantes, la situación va a empeorar.

“La dilación y la apatía de las autoridades nos van a llevar a una situación aún más terrible de la que estamos viviendo”.

EL UNIVERSAL