Alcaldesa Leticia Salazar.

Mariela Trinidad,

Agencia Reforma,


MATAMOROS, Tam. 27-Ago.-

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) resolvió que el "Programa de legalización de vehículos" implementado por el Municipio de Matamoros no otorga certeza jurídica a los ciudadanos, por lo que emplazó a la Alcaldesa Leticia Salazar para que acepte las observaciones.
En un comunicado, fechado el día de hoy, la Prodecon informó que no es posible realizar una regularización si no se cuenta con la autorización de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).
Según la información oficial, el Ombudsman del Contribuyente realizó una primera observación a las autoridades locales, en la que cuestiona que difundan entre la ciudadanía y otorguen facilidades para un programa de legalización que no proporciona certeza jurídica a los propietarios de vehículos, ya que su eficacia final no depende del municipio.
"Reconocen (en el municipio) textualmente en su informe que el programa se efectúa 'por el momento' al amparo de suspensiones y sentencias del Poder Judicial Federal que no tienen el carácter de definitivas", precisó el documento del Prodecon.
En una segunda observación a las autoridades municipales, Prodecon advirtió que, mientras la Aduana correspondiente no valide, conforme a sus facultades, la legal internación y estancia de los vehículos no se podrá producir ninguna regularización.
"Es a la autoridad del SAT a la que toca conocer de las presuntas resoluciones judiciales y en su caso cumplimentarlas, es decir, los trámites y pagos que los ciudadanos realicen a las comercializadoras privadas no concluyen por sí solos con la internación legal definitiva del vehículo, mientras la Aduana correspondiente no lo valide", puntualizó Prodecon.
En tanto, la Procuraduría solicitó a las autoridades municipales que una vez que ya han difundido entre la población y en su propia página de internet oficial el denominado "Programa de legalización de vehículos a bajo costo", informen a los ciudadanos que el trámite y pago que hagan a las comercializadoras que se encuentran en el predio "Mundo Nuevo", facilitado por la Presidencia Municipal, no concluyen con la legalización de los vehículos.
"La Procuraduría requirió a los servidores públicos Norma Leticia Salazar Vázquez, Presidenta Municipal de Matamoros, Tamaulipas, y al Secretario de Desarrollo y Bienestar Social de dicho Municipio, Luis Alfredo Biasi, para que en un término de 10 días hábiles manifiesten si, en atención al Artículo 1 constitucional que mandata la más amplia protección de derechos fundamentales a los gobernados, aceptan o no cumplir con las dos observaciones formuladas por el Ombudsman fiscal", finalizó el comunicado.