Comienza el juicio federal sobre la 'Ley del Voter ID'

CORPUS CHRISTI.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos se presenta ante una corte federal del sur de Texas para intentar lograr el desmantelamiento de la ley estatal de identificación de votantes, una de las más severas del país.

La juez federal de distrito Nelva Gonzales Ramos escuchará el martes los argumentos de apertura en Corpus Christi en una demanda encabezada por grupos partidarios de los derechos de las minorías y la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder.

Leyes similares de identificación de votantes aprobadas en otros estados conservadores también han sido desafiadas en las cortes federales.

El gobernador republicano de Texas, Rick Perry, firmó la ley en 2011, la cual requiere que más de 13 millones de votantes registrados en este estado muestren una identificación considerada válida con fotografía antes de votar.

Sus opositores dicen que la ley está diseñada para frenar el que los votantes de las minorías y los jóvenes vayan a las urnas, ya que éstos son típicamente demócratas.

Pero si bien políticos demócratas y los grupos partidarios de las minorías en Texas se han opuesto férreamente a la ley, uno de sus mayores críticos no vive en Texas, sino en Washington: Holder, el fiscal general.

La lucha de los abogados del Departamento de Justicia en el tribunal federal de Corpus Christi es la escaramuza más reciente en la batalla legal de tres años acerca de si la ley aprobada en 2011 por la Legislatura texana, controlada por los republicanos, discrimina a los votantes afroamericanos e hispanos.

Si Texas pierde ese juicio, que comienza el martes y se espera que dure unas dos semanas, el estado podría tener que solicitar nuevamente la aprobación federal por anticipado antes de realizar cambios en sus regulaciones electorales, una supervisión que fue eliminada por la Corte Suprema de EE.UU.

Reclamos

Este caso ha tomado un amargo sabor político, pues Texas alega que el Departamento de Justicia la ha emprendido “solamente con estados sureños y republicanos” y ha indicado que dicho departamento ha ignorado las preocupaciones de los votantes anglos y ha favorecido a los electores demócratas de las minorías.

Esas alegaciones han molestado a los abogados del Departamento de Justicia y a varios grupos minoritarios, así como a legisladores y a votantes demócratas que son parte de la demanda contra el estado de Texas.

“Es más un argumento político que judicial”, dijo J. Gerald Hebert, uno de los abogados de varios de los que han demandado al estado, incluido el representante Marc Veasey, demócrata de Texas.

“Texas quiere discutirlo todo excepto los detalles de este caso”, agregó.

Texas y otros ocho estados, principalmente sureños, que tienen un historial de discriminación, han tenido que regirse por una estipulación de la Ley de Derechos Electorales mediante la cual necesitan obtener aprobación anticipada para realizar cambios en sus regulaciones electorales.

Texas solicitó en 2012 la preaprobación de la ley de identificación de votantes en un tribunal federal. Esa corte se pronunció en contra de Texas y bloqueó la ley por considerar que afectaba de manera desproporcionada a las personas de las minorías y a la gente de bajos recursos.

Pero un año después el Tribunal Supremo echó abajo parte de la Ley de Derechos Electorales y liberó a Texas y a otros estados de obtener aprobación federal para sus cambios en los procesos electorales.