Denuncian irregularidades en detenciones en Zócalo

MÉXICO, D.F., noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Familiares y amigos de los jóvenes detenidos el pasado 20 de noviembre en las inmediaciones del Zócalo Capitalino realizaron una Conferencia de Prensa frente a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la cual denunciaron los actos irregulares que han cometido las instancias federales.

El primer orador fue José Coronado, amigo del estudiante de Doctorado en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laurence Maxwell Ilabaca, quien de acuerdo a la declaración de Coronado, "se encontraba en su bicicleta en la colonia Centro cuando fue alcanzado por una turba de manifestantes que escapaban de ser detenidos, en ese momento le fue imposible moverse y los agentes policiales lo detuvieron y golpearon.

Ahora está detenido en la SEIDO, en la unidad de delitos terroristas de competencia federal, acusado por los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio, motín y asociación delictiva; estos delitos son de suma gravedad, lo que implica que tendrá una situación procesal difícil y delicada".

También pronunció unas palabras de protesta, la madre de Hillary Analí González Holguín, participante de la protesta, y detenida en la SEIDO "ella estaba en la marcha y cuando salieron los granaderos, comenzó a correr, se cayó y enseguida la Policía Federal la tomó de prisionera, la patearon, ella me alcanzó a llamar y me dijo mamá me están pateando, me están golpeando, se cortó la llamada y ya no supe de ella, anduve buscando toda la noche del 20 y la mañana del 21, me llegaron a decir que mi hija estaba desaparecida, no saben el dolor que sentí, y ni así puedo comprender el dolor que sienten los padres de los 43 normalistas".

Uno de los compañeros de Alejandro Cabrera Ávila, quien fue detenido el pasado 20 de noviembre cerca del aeropuerto, y presentado a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero, coordinación territorial GAM-4, los jóvenes denunciaron que antes de que se cumplieran las 48 horas de plazo, agentes del Ministerio Público consignaron al Reclusorio Norte a Alejandro Cabrera, Miguel Ángel Lara Mosso y José Manuel Morales Ruíz, mientras que a Samantha Iraís Buendía Hernández fue llevada al Penal de Santa Martha Acatitla.

Alejandro Jiménez, uno de los abogados, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hizo un llamado a dos autoridades claves, a la PGR y a la Defensoría Pública Federal, "ésta última está funcionando como un facilitador de confesiones", y solicitó "que cumplan y que no se imputen los delitos de lo que se les acusa a los jóvenes, entre ellos delincuencia organizada y terrorismo, ya que es un uso político y no penal".

Se invitó a una marcha del Ángel de la Independencia a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en avenida Paseo de la Reforma esquina con calle Violeta.