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La propuesta es resultado de un trabajo de varios meses y el cual ha contado con el asesoramiento de expertos juristas, así como de los especialistas en la materia de la ONU.
La iniciativa, la cual tendrá que discutirse y aprobarse en la Asamblea Legislativa del DF, contempla el manejo adecuado de resultados físicos de las investigaciones y de restos humanos –cuando sea el caso–, así como la declaración de ausencia por desaparición y la protección a víctimas y testigos.
RED POLÍTICA de EL UNIVERSAL presenta los puntos más importantes de la propuesta:
*Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público del Distrito Federal, que de cualquier forma prive de la libertad a una o más personas, o bien, ordene, autorice, apoye, consienta o tolere que otros lo hagan”, precisa.
* También considera en este delito a quien actúe bajo la orden, autorización o apoyo de uno o más servidores públicos del gobierno capitalino.
En este caso, además de la pena y multa, será destituido e inhabilitado de manera definitiva para ocupar un cargo público.
* La propuesta planeta una pena de 20 a 40 años de prisión y una multa de 67 mil 290 a 100 mil 935 unidades de cuenta (equivalente a 67.29 pesos), para el responsable de una desaparición forzada.
* De acuerdo con la iniciativa, comete el delito de desaparición por particulares, quien no tenga carácter de servidor público y actúe sin orden de algún funcionario.
De ser el caso se le impondrá una pena de 15 a 30 años de prisión, multa de 67 mil 290 a 100 mil 935 Unidades de Cuenta y tampoco podrá ejercer un cargo público.
* Se creará un fondo de apoyo para atender a las víctimas, el cual funcionará a través de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) y a la par del que ya se cuenta para casos de secuestro.
EL UNIVERSAL
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