El Senado aprobó un paquete de reformas en materia de justicia y seguridad pública, que incluyen fincar responsabilidades penales a personas jurídicas por la comisión de delitos de la delincuencia organizada, y facultan a que el juez ordene que empresas de telecomunicaciones faciliten al Ministerio Público la localización geográfica en tiempo real de aparatos utilizados por presuntos delincuentes, como pueden ser los secuestradores.
Una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que fue enviada a la Cámara de Diputados, hará que las personas jurídicas, esto es las empresas, sean responsables de los delitos que se cometan en su nombre, por su cuenta, en su beneficio, o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización.
La acción del Ministerio Público contra las personas jurídicas se aplicará de manera independiente de lo que ocurra con los delitos que se persigan contra personas físicas, señala la reforma al artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La responsabilidad penal contra las personas jurídicas preexiste, establece la reforma, incluso cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan, y se perseguirán sus delitos incluso cuando las empresas se extingan mediante disolución aparente, cuando continúe sus actividad económica y se mantenga la identidad esencial de sus clientes, proveedores, empleados o la parte más relevante de todos ellos.
Por lo que toca a la facultad de pedir a un proveedor de telecomunicaciones que facilite la localización geográfica en tiempo real de un aparato presuntamente utilizado en la comisión de delitos, los senadores aprobaron que el Ministerio Público lo solicite al juez y éste requiera la información a los concesionarios.
Se dispone de manera excepcional que cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona, en hechos relacionados con secuestro, extorsión o delincuencia organizada, la petición de localización geográfica en tiempo real podrá hacerse por parte del Ministerio Público de manera directa a los concesionarios del servicio.
Las reformas abarcan cambios al Código Penal Federal, a las leyes generales del Sistema Nacional de seguridad Pública; federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro; la Ley de Amparo; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley Federal de defensoría Pública, así como el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.