Denuncian la tala ilegal de 1.500 metros cúbicos de madera en la selva de Perú

Lima, 13 ene (EFE).- La Contraloría General de Perú denunció hoy la extracción ilegal de 1.500 metros cúbicos de madera de especies amenazadas de extinción en la Amazonía peruana a partir de concesiones irregulares otorgadas por las autoridades forestales del país, informó hoy un comunicado de la institución.
La Contraloría detectó que el gobierno regional del departamento de Ucayali, en el este de Perú, otorgó "de manera irregular nueve permisos de aprovechamiento forestal en base a solicitudes con información falsa, que se consignó tanto en las actas de inspección ocular como en los informes técnicos correspondientes".
Los nueve permisos aprobados de manera irregular por la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre (DEFS GORE) corresponden a la gestión entre los años 2012 y 2013, que ha sido objeto de auditoría por parte de la Contraloría.
"A pesar de las evidentes inexactitudes que presentaban los documentos mencionados, la dependencia regional avaló el contenido y otorgó las autorizaciones que permitieron la extracción ilegal de madera", denunció la Contraloría.
Las madera extraída pertenece a especies "amenazadas de flora silvestre" como Copaiba, Huimba, Lupuna, Mashonate y Quinilla, "catalogadas como especies amenazadas de flora silvestre", además de la especie Tornillo, que se encontraban en zonas no autorizadas en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo.
De los 1.500 metros cúbicos de madera extraídos de las concesiones irregulares, la Contraloría detectó que se movilizaron 883 metros cúbicos, de los que 323 eran de madera rolliza y 559 de madera aserrada, pero alertó que existe "un volumen de 612 metros cúbicos que no se encuentran registrados con Guías de Transporte Forestal".
El organismo público consideró que la irregularidad detectada "constituye un daño irreparable al patrimonio natural del país", ya que "su valor resulta incalculable debido a que trasciende lo económico, al generarse el riesgo de pérdida de biodiversidad".
"Lo detectado evidencia indicios de la existencia de la comisión de delitos de responsabilidad por información falsa contenida en informes, y el delito de responsabilidad de funcionario público por el otorgamiento ilegal de derecho, tipificados en el Código Penal", concluyó el comunicado.