Ven tortura generalizada en México

MÉXICO, D.F., febrero 28 (EL UNIVERSAL).- En México la tortura es generalizada, priva la impunidad y hay fuerte evidencia de la indiferencia o complicidad de las fuerzas policiales y ministeriales, así como de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Estas son algunas de las conclusiones sobre la visita que realizó Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura, en un escrito que tuvo acceso el periódico español “El País”.

Para el relator de la ONU, el punto de inicio de estas violaciones es la guerra contra el narco que inició el ex presidente Felipe Calderón en 2006, ya que al movilizar a 50 mil soldados, disparó las quejas por tortura y malos tratos.

Según el reporte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta antes de 2007, el promedio de denuncia era de 320, mientras que en 2012, superaron las dos mil 100.

Para Méndez, la tortura en el país se realiza predominantemente en la detención y ocurre en su mayoría, en personas de bajos recursos económicos con la intención de obtener confesiones sobre el crimen organizado.

Las detenciones, indica el reporte, son realizadas por personas vestidas de civil y encapuchados que no suelen llevar orden judicial ni informan los motivos de la captura.

“Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas: golpes con puños, pies y palos; toques con dispositivos eléctricos (chicharra), generalmente en los genitales; asfixia con bolsas de plásticos, introducción de agua con trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos”, detalla el informe.

Además la tortura puede durar días que acaban con la muerte y enseguida, la desaparición. En el caso de las mujeres, se suma la violencia sexual: “Desnudez forzada, humillaciones verbales, manoseo en los senos y genitales, introducción de objetos en los genitales y violación reiterada y por varias personas”.

El informe, que será presentado el próximo mes, destaca que entre 2005 y 2013 sólo hubo cinco sentencias condenatorias por torturas, ya que “no existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al ministerio público; no se accede a una defensa adecuada expedita; las declaraciones se prestan sin intervención judicial ni presencia del abogado: no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura; y se hace una interpretación restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul.

En sus recomendaciones, el relator de la ONU pide evitar el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública y eliminar el arraigo.

EL UNIVERSAL