No debe haber cortinas sobre cómo se usan recursos, dice Anaya

(EL UNIVERSAL).- El coordinador de los diputados de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, expresó que cuando se trata del dinero de los ciudadanos, "no debe haber diques, cortinas o pretextos" que impidan saber cómo son utilizados los recursos por el gobierno federal , por los gobiernos estatales o por los municipales.

De ahí que su partido estará atento, hasta ver concluido el proceso de aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, dado que no debe haber trabas para la revisión exhaustiva de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno, asentó.

"Sólo así el Sistema Nacional Anticorrupción cumplirá el propósito para el que fue creado, y los mexicanos podrán recuperar la confianza en las autoridades.

Desde que propusimos la iniciativa, en noviembre de 2014, los diputados del PAN tuvimos claro que la meta del Sistema era lograr la mayor revisión posible", apuntó en un comunicado.

Anaya Cortés detalló que las entidades federativas reciben recursos del orden de 1.5 billones de pesos, para la realización de diversos proyectos de orden estatal y municipal, lo que representa la tercera parte del presupuesto total de la Federación; de manera que si la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción es avalada en el Senado y los Congresos estatales, estos recursos podrán ser auditados, para beneficio de todos los mexicanos.

"Es importante recordar que el principal incentivo a la corrupción es la falta de control, vigilancia y fiscalización de la gestión pública . La experiencia en México ha sido que la ausencia de estos mecanismos, ha favorecido toda clase de conductas indebidas y de saqueo de recursos, que hasta hoy han quedado impunes", agregó.

El líder parlamentario del PAN, refirió que el Sistema Nacional Anticorrupción es un instrumento que ayudará a ir recuperando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y a revertir la impunidad que tanto lastima a México, pues con los nuevos mecanismos de revisión, control y auditoría, se inhibirán las conductas contrarias a la ética y la legalidad por parte de los funcionarios públicos, en los tres órdenes de gobierno .


EL UNIVERSAL/RDB