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Jesús Murillo Karam fue sacado finalmente PGR. Muy cuestionado fue su desempeño. Pasó desde los cuestionados resultados de la explosión en la Torre de Pemex, a la imposibilidad de fincarle el delito de “lavado” de dinero a Elba Esther Gordillo y a las pifias en la investigación sobre la matanza y desaparición de normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Este último caso fue, en definitiva, el que impidió a Murillo Karam alzarse con el nombramiento de primer fiscal general de la República que, con la transformación constitucional ya aprobada de la PGR, llevará la gestión de quien resulte electo, más allá del término sexenal.
Murillo Karam no pudo cumplir con ese objetivo político y personal, pero si lo ve por el lado optimista, que bueno que se va de la PGR para que descanse.
Él dijo estarlo, y mucho, en plena crisis del caso Iguala. Ahora, sin duda, la llevará más “leve” al frente de la SEDATU, premio de consolación que le dio Peña Nieto.
El Presidente y otros ven en la investigación de los 43 desaparecidos que encabezó Murillo, un impecable trabajo pericial, técnico y jurídico.
Lo han sostenido en público y en privado. Muy pronto dirán, si no es que ya lo hicieron, que la decisión presidencial de remover al procurador fue atinada y necesaria.
Así son.
Acaso sea una investigación sin tacha técnica procedimental. El problema es que para muchos otros —más sin duda que los apologistas del ex procurador— la investigación llevó a una forzada y muy cuestionable conclusión: la de la increíble pira de Cocula que Murillo Karam decretó como la verdad histórica.
La obstinación del hidalguense ha sido tal, que no ha dado oportunidad a otras líneas de investigación. La oficial y de la que no sale ni un milímetro no solo sembró dudas en los padres de la víctimas y en los forenses argentinos que los asesoró, sino que escaló el ánimo de confrontación violenta y dañó brutalmente la ya de por si diezmada credibilidad de la institución en agonía que es la PGR.
Murillo no debió haber esperado a que lo corrieran, sino que debía haber presentado su renuncia. El ex procurador pasó el viernes mismo a la SEDETU, cuyo titular, Jorge Carlos Ramírez está en las decepcionantes listas de candidatos plurinominales del PRI a diputado federal.
Mantenerlo en el gabinete quizás tenga dos explicaciones posibles: El reconocimiento a los servicios prestados y el afecto presidencial, lo que hablaría bien de Peña Nieto; o la presión del grupo hidalguense del que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio es cabeza, lo que da una idea de su fuerza y/o refiere debilidad en la del Presidente.
Viene al relevo, si el Senado avala la propuesta hecha por el Ejecutivo, Arely Gómez González, una abogada egresada de la Universidad Anáhuac del Norte con maestría en Políticas por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, cuya trayectoria profesional ha transcurrido en su mayor parte en el Poder Judicial, donde llegó a ser oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia.
También se desempeñó como Fiscal en Delitos Electorales de la PGR y hasta ahora como senadora de la República.
Arely Gómez toma un barco muy traqueteado, sobre todo con el tema de la investigación de Ayotzinapa y acaso se le vea operar con mayor eficacia el tema de la comunicación de los resultados.
Para eso cuenta con un fuerte apoyo de Televisa, donde su hermano, Leopoldo Gómez, es el vicepresidente de Noticias.
Los cambios en el gabinete finalmente concretados el viernes pasado, eran esperados desde principios del año para revertir la crisis de credibilidad institucional que enfrenta el gobierno de Peña Nieto.
Tardaron mucho en hacerse. El Presidente se esperó a las fechas a que dichos cambios tendrían que hacerse por obligación electoral, pues muchos de los dimitentes lo harán para buscar una diputación federal.
rrdrodriguezangular@hotmail.com, raulrodriguezcortes.com.mx
l @RaulRodriguezC
EL UNIVERSAL
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