Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

Atados de manos

La deuda pública de los Estados y Municipios siempre ha estado cobijada bajo la sombra de la sospecha. Al amparo de ella se han construido las riquezas de muchos políticos, que a la vuelta de seis o tres años han asegurado su futuro económico y el de sus familias.
El ejemplo más contundente de ello es el de Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila.
Seguramente hay muchos más ex gobernadores y ex alcaldes, que como Moreira, echaron mano del dinero público contratado a través de empréstitos, para solucionar de por vida su situación financiera aunque nunca hayan pisado la cárcel por ello.
Por todo ello resulta de enorme importancia para el país la reforma Constitucional que pronto tendrá vigencia, a través de la cual se regulara el endeudamiento público de Estados y municipios.
Será algo así como ponerle “candado” a la minita de oro para los gobernantes.

Por lo menos en teoría esa es la intención.
La iniciativa actualmente está en la cancha de las legislaturas estatales como parte del procedimiento de reforma a la Constitución.

Para que quede firme requiere del respaldo de al menos 17 de los Congresos locales, y el de Tamaulipas ya dio su voto.
Como muchas de las reformas, en teoría se trata de una excelente iniciativa.

El detalle está en que falta que sea materializada.
Dice el documento que todo empréstito que reciban los Estados y Municipios deberá destinarse a acciones productivas.
Eso significa una prohibición de usar el recurso para gasto corriente, por el cual debemos entender pago de prestaciones, compensaciones o cualquier otro rubro superfluo.
En el caso de los Ayuntamientos no podrán solicitar créditos en los últimos tres meses de su ejercicio y deberán saldar cualquier adeudo antes de concluir la administración.
Con esto pone fin a una práctica muy recurrente y viciada de un buen número de alcaldes y Gobernadores, que en el último año de su ejercicio endeudaban al municipio sabiendo que quien enfrentaría las consecuencias sería su sucesor.
Hay otros contenidos relevantes de la reforma en curso: la Auditoría Superior de la Federación tendrá facultades para fiscalizar el destino del crédito que obtengan los Gobiernos, sean estatales o municipales.
También dispone que para que un Estado o municipio pueda gestionar un empréstito, tendrán que recibir la aprobación de al menos dos tercios de los diputados del Congreso.
Como se puede ver, les están atando las manos a los Estados y municipios.
EL RESTO.
A MENOS de tres meses de que venza el plazo fatal para que se expida el nuevo Código Electoral de Tamaulipas, los diputados lucen sobradamente despreocupados.
Esperemos que como buenos mexicanos no vayan a andar pisando el acelerador a fondo al cuarto para las doce, porque eso propiciaría el riesgo de que construyan un ordenamiento electoral plagado de pifias.
Los tamaulipecos nos merecemos no uno de los mejores Códigos Electorales del país…¡¡¡nos merecemos el mejor!!!”.
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com