Divide a ministros controversia sobre Fepade de BC

MÉXICO, D.F., marzo 26 (EL UNIVERSAL).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó un proyecto con el que se pretendía resolver una controversia constitucional para declarar la invalidez de las reformas a la Constitución de Baja California que crean la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales como un órgano autónomo desvinculado de la Procuraduría General de Justicia de la entidad.

La litis del conflicto es que el gobernador no nombrará al titular de la Fiscalía, sino que lo hará el Congreso.
Al no lograrse la mayoría calificada de ocho votos, la norma se mantiene firme hasta que se elabore un nuevo proyecto y se realice otra votación, sin plazo para que esto suceda.

Los ministros se dividieron. El proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena proponía invalidar las reformas, ya que consideraba que con los cambios había una invasión a la esfera de competencias del Ejecutivo estatal y de esta manera se atentaba contra el monopolio que tiene el Ministerio Público para ejercer la acción penal.

“Me parece muy distinta a una separación, una división del ministerio público, en órganos distintos, me parece que eso es en el fondo, lo que la modificación a la ley hace, divide, separa, rompe con el principio de monopolio del ministerio público y ahí yo sostendría el proyecto”, explicó el ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Los ministros que se distanciaron del proyecto argumentaron que no hay nada que impida al legislador separar el ejercicio de la acción penal en órganos distintos.

“Creo que esto está delegado a las entidades federativas, creo que en el 116 no aparece ningún argumento que nos lleve a esta unidad y creo que bien puede el congreso del estado, primero separar la función en dos órganos, un órgano general, un órgano especializado en delitos electorales como lo está haciendo”, consideró el ministro José Ramón Cossío Díaz.

Mientras que la ministra Olga Sánchez Cordero explicó que ella no advierte que “el establecimiento de la fiscalía señalada como órgano autónomo, trastoque el principio de división de poderes”.

En este orden de ideas se manifestó el ministro presidente, Luis María Aguilar.
Para defender el proyecto elaborado por Gutiérrez, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea consideró que con la reforma a discusión se está generando una fiscalía que no ejerce el ministerio público y ello deriva -agregó- en la persecución de los delitos electorales con un órgano que no forma parte, ni es titular ni desarrolla la función de ministerio público: "a mí esto me parece abiertamente inconstitucional”.

En ese sentido, y a favor del proyecto, la ministra Margarita Luna Ramos expuso que "Muy diferente sería si esta fiscalía, de alguna manera estuviera formando parte de la estructura de la procuraduría del estado”.

“Si se crea un órgano diferente con autonomía de gestión, pero distinto al ministerio público donde se aloja la función esencial constitutiva, se rompe con la unidad, con la indivisibilidad del ejercicio de la acción penal y del funcionamiento del ministerio público”, concluyó el ministro Juan Silva Meza.