Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

Justicia y periodismo

A mitad de la semana pasada recibí una llamada telefónica de Martín Lozano Méndez, coordinador interinstitucional de la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal en Tamaulipas.

Necesitaba una opinión personal acerca de qué tanta aceptación o interés existe en el medio periodístico por conocer la forma en que operara el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral.
Hoy convertido en exitoso académico y experto en justicia oral, Lozano fue durante casi dos décadas agente del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por lo que desde esa posición pudo conocer muy de cerca el trabajo de los periodistas de todo el Estado.
Sabe que la difusión noticiosa de hechos criminales se da bajo una modalidad que data de muchas décadas atrás, donde poco interesa el respeto por los derechos humanos de la víctima o del victimario.

Casi siempre lo que importa a los reporteros y a los medios es generar noticias que atraigan lectores sin importar mucho el cómo.
Encabezados como “Cae violador”; “Atrapan a defraudador”; “Ladronzuelo tras las rejas”, y muchos más, que someten al detenido a una especie de juicio sumario, en el que se le declara culpable desde el momento de su detención, fueron y siguen siendo una práctica aún vigente en el desempeño de los periodistas.
Por eso la preocupación de Lozano Méndez.

Por eso su interés en conocer qué tanto los periodistas están dispuestos a recibir capacitación sobre las nuevas reglas para construir la noticia a partir de la entrada en vigor del modelo procesal acusatorio a través de juicio orales.
Y es que bajo el nuevo sistema de justicia penal , las cosas para los comunicadores cambian por completo.

Estarán obligados a ser cuidadosos en la forma en que difunden la noticia, cuidando sobre todo no sentenciar prematuramente como culpables a quienes se ven involucrados en un delito.
No debemos olvidar que el principal objeto de la implementación de la Reforma Penal es precisamente cambiar el paradigma de la procuración e impartición de justicia, donde la prioridad debe ser el respeto a los derechos humanos y garantizar el principio de presunción de inocencia para quienes se ven involucrados en un ilícito penal.
Las consecuencias para quienes insistan en prácticas añejas de “linchar” mediáticamente a un acusado antes de que termine su proceso, pueden ir desde una denuncia penal o administrativa, hasta una demanda civil por daño moral, porque quien se sienta ofendido o vulnerado en sus derechos por una publicación periodística tendrá el derecho de acudir ante los tribunales para iniciar acciones legales contra el reportero y su medio.
Es algo no muy frecuente bajo el sistema de justicia vigente pero que seguramente sucederá con la implementación del modelo acusatorio, porque la Constitución y la ley contemplan esa posibilidad.

De ahí la necesidad de que los periodistas se capaciten.
Por eso Lozano pregunta qué tanto interés hay en los comunicadores con ese tema.

Le dije que, desde mi perspectiva, creo que hay muchos periodistas que realmente quisieran recibir capacitación. El problema está en que el mayor interés debe provenir de las empresas periodísticas para que sean ellas quienes autoricen a sus reporteros a dedicarle tiempo a esa capacitación.
Por lo pronto, los comunicadores victorenses y matamorenses recibirán una oferta: 20 horas de capacitación en un aula acerca de cómo construir la noticia sin incurrir en vulneración de derechos y, sobre todo, sin caer en riesgos de enfrentar un proceso penal o civil por un mal manejo noticioso.
Creo que es una buena oportunidad para que los periodistas nos sumemos a concretar ese anhelo de que seamos una sociedad más respetuosa, donde la justicia se procure y se imparta bajo condiciones donde nadie sea declarado culpable sin que antes haya sido sometido a un juicio justo.
Ojalá y sean muchos los que aprovechen la oferta.
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com