Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

Ocurrentes

Ya hemos hecho la misma denuncia en este espacio: muchos diputados locales legislan con ocurrencias.
Llevan ante el Pleno legislativo presuntas iniciativas de decreto con contenidos absurdos que no tienen la mínima posibilidad de ser aprobadas.

Siguen necios en suponer que su tránsito por la legislatura se medirá en base al número de acciones legislativas que promuevan cuando en realidad no es así, porque la eficiencia de un diputado se taza en base al número de iniciativas que le aprueben, y sobre todo en qué tanto beneficio le reditúan a la sociedad.

Esa es una obviedad muy grande que cualquiera debería percibir pero tal parece que a un número muy grande de legisladores no les alcanza para ello, y siguen y siguen promoviendo ocurrencias, por decir lo menos.

Esa es una de las razones de traer nuevamente la denuncia a este espacio.
Pero más allá de exhibir a los ocurrentes, lo que buscamos aquí también es sembrar conciencia en ellos, para que entiendan que su trabajo como diputados debe ser más profesional, porque cada que promueven un absurdo están despilfarrando miles y miles de pesos del erario público.

No se han hecho estimaciones del costo que implica recibir una iniciativa, dictaminarla y llevarla ante el Pleno para su aprobación o rechazo, pero seguramente debe ser muy alto.

En eso deben pensar muchos diputados antes de subirse a la tribuna.
Por ejemplo, en la última sesión del recién concluido periodo ordinario de sesiones, la diputada del PAN, Marcela Morales Arreola, pidió turno para leer una iniciativa firmada por todos sus compañeros de bancada.

La acción legislativa pretendida por la bancada blanquiazul busca adicionarle un inciso “K”, con cinco fracciones, al artículo 67 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.

Detallar aquí el contenido de la presunta iniciativa sería desperdiciar el poco espacio disponible, y más porque se trata realmente, de una nueva ocurrencia.

Mejor le resumo: lo que Doña Marcela propone es incorporar a la ley del Congreso la prerrogativa de los diputados ¡para formular preguntas a las diferentes autoridades locales!, con el objeto de cumplir con la asignatura del bienestar y prosperidad de la comunidad, para lo cual resulta necesario el acceso a información con respecto de hechos y situaciones que acontecen en su comunidad”.

En el colmo de los colmos, la diputada panista reseña uno a uno los pasos bajo los que se materializaría esa nueva prerrogativa que propone.

Así, por ejemplo, habla de que “las preguntas deberán presentarse por escrito, acompañadas de una breve motivación y su autor deberá leerlas en sesión ordinaria”.

“El Pleno deberá decir si procede o no. Cuando el interrogado sea un funcionario estatal la respuesta deberá llegar a través del Secretario General de Gobierno.

El Congreso conocerá la respuesta y en su caso podrá debatir sobre ella”.
Con el respeto que merece la diputada Morales y sus firmantes, pero lo que proponen es mucho más que una ocurrencia.

Es una aberración.
¿Acaso no saben los legisladores panistas que existe una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Público cuyo procedimiento es mucho más ágil y efectivo que el trámite burocrático que ellos proponen?
Y aún más: ¿Desconocen realmente que un diputado no necesita de esas prerrogativas para, no solamente solicitar, exigir la información que requiera?.

Por eso nosotros somos partidarios de la corriente doctrinal que pugna para que al menos una tercera parte de los diputados que integran una legislatura sean expertos en Derecho.

Sería una buena forma de ir frenando a tanto legislador ocurrente.

ASI ANDAN LAS COSAS.