Órdenes a militares se apegaron a Derechos Humanos: Sedena

MÉXICO, D.F., julio 4 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo que en las órdenes operativas que se giraron a los militares que participaron en el incidente de Tlatlaya, en el Estado de México, en junio de 2014, en todo momento se privilegió que el personal castrense actuara con apego al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En un comunicado, la dependencia respondió así al informe que presentó el Centro Prodh, en el que hizo público un documento del mando regional, que establecía las directrices con las que los elementos del Ejército debían operar ante la presencia del crimen organizado, y que la organización consideró que contenía información que permitía actuar a los militares de forma ilegal, y derivó en el homicidio de ocho civiles.

Al respecto, la Sedena destacó que “el documento en cuestión contiene una serie de instrucciones operativas para el relevo de la base de operaciones de San Antonio del Rosario, Estado de México, que contiene 38 indicaciones, que buscan proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento”.

Expuso que en la orden girada a las tropas se estableció que debían actuar “en forma contundente y conforme a derecho, prevaleciendo en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la observancia de la ley para prevenir y sancionar la tortura (…) la prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose generar víctimas colaterales.

Asimismo, contenía la instrucción de apegarse a lo establecido en la “directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo de las autoridades civiles”.

Concluyó que “del análisis de la totalidad del documento, se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos.

ONU: investigación avanza lento. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó a las autoridades mexicanas a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de lo ocurrido en Tlatlaya.

“A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, declaró el experto en derechos humanos.

En un comunicado, difundido por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, señaló que “las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales”.

Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.

El relator especial también expresó su preocupación argumentando la falta de avances significativos en las investigaciones.
“Las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya”, señaló Heyns.

EL UNIVERSAL