Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

Enfermedad institucional

La radiografía de la justicia cotidiana revela un diagnóstico preocupante, abrumador: las instituciones públicas están enfermas.

Son incapaces de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, lo cual propicia un enorme desencanto social.
La impunidad y corrupción generan incertidumbre entre la población porque nadie confía en nadie, y derivado de ello se genera un coctel detonante para que cada vez se agraven más problemas sociales como el de la inseguridad pública.
El diagnóstico tiene sustento.

Lo avala una investigación realizada a lo largo de tres meses por al menos 425 expertos que se dieron a la tarea de platicar con el ciudadano de a pie, de recopilar cifras estadísticas de las judicaturas locales y la federal, y sobre todo, de recabar testimonios directos con quienes han sido víctimas del delito.
Los resultados arrojados por el trabajo realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), como le decía, son lamentables, preocupantes, agobiadores.

Su director, Sergio López Ayllón, estuvo en Ciudad Victoria el jueves anterior para hablar precisamente de ello.
“México cuenta con una solidez institucional que para muchos países es envidiable, pero lamentablemente tiene grandes problemas para proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos” dice el prestigiado investigador en una especie de alerta o advertencia.
Lo que intenta decirnos es que la caparazón institucional es de primer mundo, pero por dentro simplemente no sirve.

Y no sirve porque es incapaz de cumplir su propósito de origen: facilitarle al ciudadano el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Ayllón refiere que, por ejemplo, los tribunales de justicia son lentos e ineficientes en sus resoluciones, con el agravante de que en muchísimos casos las sentencias que emiten no son cumplidas, precisamente por esa inoperancia institucional.
De esa manera, insiste, el ciudadano que es o se siente vulnerado en un derecho, prefiere no acudir ante las instituciones públicas porque lo considera una pérdida de tiempo y de dinero.
Pero hay algo más grave: ese mismo ciudadano que no pudo obtener una reparación a la lesión sufrida en su derecho, termina en algún momento vulnerando derechos de otras personas en una especie de justicia por propia mano.
“Por eso es importante crear incentivos suficientes que manden un mensaje al ciudadano de que ante una vulneración de un derecho el responsable recibirá un castigo.

Y va desde una cosa tan pequeña como el de que quien se pase un alto reciba un castigo” señala.
Para ello, sin embargo, es importante que las instituciones públicas sean eficientes en su accionar.

Es decir, que faciliten el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, que se esfuercen por revertir esa situación de impunidad y corrupción que la sociedad percibe.
Para ello, el CIDE hizo diversas recomendaciones al Gobierno.

Hay una que, en lo personal me llama la atención: rediseñar la asignación presupuestal al sistema de justicia para que sea la justicia estatal la que reciba mayores recursos, por una simple y sencilla razón: son las procuradurías y los Poderes Judiciales estatales los que atienden el mayor número de asuntos.
Por ejemplo, en 2013, los tribunales de justicia federal atendieron un millón de asuntos contra dos millones que llegaron a las judicaturas estatales.
“Sin embargo, el presupuesto del 2015 para el Poder Judicial Federal es de poco más de 50 mil millones de pesos contra apenas 27 mil millones de pesos que ejercerán los estados.

Las cifras deberían estar invertidas” detalla Ayllón.
El diagnóstico del CIDE, como le decía, es abrumador, preocupante, pero en lo personal no me sorprende.

Lo que si sorprende es que el Gobierno federal sea incapaz de lograr que esa solidez institucional de la que tanto le envidian a México en el extranjero, no se materialice en el día a día de cada ciudadano.
Ojalá y que el Gobierno de Enrique Peña Nieto aproveche la radiografía hecha por el CIDE.

Los mexicanos estamos deseosos de tener un sistema de justicia eficiente en resultados y en rapidez.
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com