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Hoy, el crimen organizado nos obliga a tomar medidas más certeras para que el paso por nuestro país sea seguro”.
Al encabezar el Foro México-Ecuador: Los Retos de la movilidad humana en el Siglo XXI, la panista explicó que México es un país expulsor y de circulación de migrantes y hace aproximadamente una década, el tema se abordó de manera distinta a través de la perspectiva de los derechos humanos.
“Por ejemplo, es de reconocer que el gobierno mexicano limite el uso de las vías de ´La Bestia´, es una medida correcta porque ahí se exponen muchos migrantes centroamericanos.
“Muchos tienen que amarrarse con su propia ropa al tren para no caer y ser mutilados”, describió.
Consideró que la legislación ecuatoriana en la materia es superior, ya que, dijo, “manejan conceptos de avanzada” y aunque nuestro país trabaja en ese rubro, aseguró, se debe recoger la claridad y experiencia de otras naciones.
En tanto, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Martín Alonso Heredia Lizárraga (PAN), dijo que la movilidad humana ha sido aprovechada por los grupos delincuenciales que tienen a los migrantes latinoamericanos como sus principales víctimas potenciales, sometiéndolos al delito de trata de personas y de tráfico humano en sus distintas modalidades, por lo que urge fomentar la cooperación interinstitucional para salvaguardar la dignidad como piedra angular del Estado.
El diputado agregó que la corrupción y la impunidad presentes en la región, representan uno de los principales retos a superar, ya que este fenómeno altera el orden socioeconómico de un Estado, de tal manera que obliga a los sectores más vulnerables de la población a buscar una mejor calidad de vida en otro país.
Sobre el tema, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD), secretaria de la Comisión de Gobernación, afirmó que el fenómeno migratorio para las naciones de Latinoamérica es una cuestión de seguridad nacional, pública y humana.
“Los migrantes no son la escoria de la sociedad”. El reto es garantizar el derecho de migrar y no ser discriminado o considerado como ilegal por esta condición.
Eso exige instaurar políticas de hospitalidad para las personas que carezcan de documentos de identificación. México tiene la obligación de defender a todas las personas que transitan por el país indistintamente de su origen, y otorgar las visas humanitarias que les permita recorrer y llegar a donde han elegido residir de forma segura.