Quince latinos serán compensados por redada injustificada

Charlotte (EE.UU.), 27 jul (EFE).- Quince hispanos indocumentados se beneficiarán con un alivio migratorio de siete años tras acordar con las autoridades migratorias de Estados Unidos terminar una demanda por una redada "injustificada" ocurrida hace cinco años en Nashville, Tennessee.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Tennessee, que demandó en nombre de los inmigrantes, llegó hoy a un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para resolver la querella federal por la redada, ocurrida en octubre de 2010.

ICE y el Departamento Metropolitano de Policía de Nashville (MNPD), capital del estado, acordaron además del beneficio migratorio el pago total de 310.000 dólares para terminar todas la demandas.

Al menos 20 agentes de ICE y de MNPD rodearon el complejo de apartamentos Clairmont, habitado mayoritariamente por hispanos, y sin aparente orden de registro, comenzaron a golpear puertas y a gritar que eran la "policía".

ACLU expuso en la demanda Escobar v. Gaines que los agentes irrumpieron "sin autorización a las vivienda, gritando insultos raciales, y apuntando sus armas en la cabeza a algunas personas".

Los residentes fueron detenidos sin ninguna sospecha razonable de que habían participado en alguna actividad criminal, y nadie fue acusado de una violación criminal, aseguró ACLU.

La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe estrictamente intrusiones sin orden judicial en las residencias privadas, y las protecciones incluyen a los ciudadanos y no ciudadanos estadounidense por igual.

"Ninguna persona debe pasar por lo que experimenté", afirmó hoy en un comunicado Marvin Benjamin Lopez Raxcaco, uno de los 15 demandantes.

"Fue terrible, y espero que este acuerdo sirva para que dejen de pasar estas redadas sin motivo", agregó.
El acuerdo envía un fuerte mensaje a las agencias del orden público en todo el país que la "Constitución exige un trato justo a todas la personas, independientemente del color de su piel", aseguró Andre Segura, abogado de ACLU, en un comunicado.

"Los agentes no pueden pisotear la Constitución debido a sus estereotipos y suposiciones del estatus migratorio de una persona", acotó Segura.