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Legisladores denuncian sobrepoblación en cárceles

En el país hay más de 430 cárceles federales, estatales y municipales y de acuerdo con funcionarios del gobierno Federal
viernes, 31 de julio de 2015
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MÉXICO, D.F., julio 31 (EL UNIVERSAL).- En el país hay más de 430 cárceles federales, estatales y municipales y de acuerdo con funcionarios del gobierno Federal, las prisiones de máxima seguridad viven una dramática crisis, debido a que albergan más reos de los que deberían tener, lo que pone en riesgo a los demás reclusos que purgan una condena, a los custodios y a la sociedad.


Según el diputado Danner González Rodríguez (MC), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de 24 penales federales, sólo 14 cuentan con igual o menor número de reos que la capacidad límite para el que fueron construidos.


Situación que se agrava debido a que, de acuerdo con expertos, las únicas referencias para la construcción de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) son: el Manual de Reclusorio Tipo y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que datan de 1970 y 1976, respectivamente.


Por ello, a través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, propuso exhortar los gobiernos Federal y estatales, y del Distrito Federal, para que atiendan la crítica situación en la que se encuentra el Sistema Penitenciario del país.


Por lo que pidió a la Secretaría de Gobernación para que envíe un informe detallado y pormenorizado a la Comisión Permanente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, sobre cuáles son las medidas que ha implementado en los penales federales para mejorar el estado de su infraestructura, la capacidad de operación y de funcionamiento de estos centros, a fin de cumplir con el mandato constitucional de la reinserción social.


Planteó exhortar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que informen sobre las medidas implementadas en los penales locales a fin de mejorar su infraestructura y capacidad de operación y funcionamiento, en aras de cumplir con el mandato constitucional.


El diputado de izquierda subrayó que el asunto se torna más crítico ya que en estricto sentido, las cárceles son edificaciones diseñadas para albergar a los prisioneros y que estos realicen sus actividades al mismo tiempo de garantizarles un mínimo de condiciones de habitabilidad, seguridad, aislamiento y control.


“En varios informes presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde hace años, se refleja la ausencia de control de las autoridades carcelarias: al menos en 30% de ellas rige en los hechos el llamado “autogobierno” de los internos, lo cual en términos prácticos significa que son los propios presos los que mandan”, resaltó.


Señaló que la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal federal de “máxima” seguridad del Altiplano de Almoloya de Juárez, “no sólo evidenció el grado de corrupción de las autoridades federales, sino también la debilidad y descomposición institucional del sistema penitenciario del país”.


En las cárceles de más de 20 entidades federativas no hay una efectiva clasificación de los reos, motivo por el cual conviven violadores con asaltantes, asesinos con defraudadores fiscales y secuestradores con robacoches.


González Rodríguez comentó que de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el Distrito Federal y el Estado de México, el 30% y el 19%, respectivamente, de los internos señalaron que no disponen de suficiente agua en las cárceles.


Asimismo, 67% en el DF y 58% en el Edomex consideraron que reciben alimentos insuficientes; el 35% en la capital dijo que no recibe atención médica cuando la requieren y 98% que no recibió de la institución ni siquiera papel higiénico, pasta dental o jabón.


Considerando que hay más de 250 mil presos en el país y que la manutención de cada uno nos cuesta a los que pagamos impuestos aproximadamente 160 pesos diarios ¿Qué se hace con todo el dinero público que se destina a las cárceles?, ¿Se está ejerciendo el recurso de manera correcta, transparente y para los fines etiquetados?.


Estimó urgente poner atención en esta “bomba de tiempo”, y las “autoridades no se pueden dar el lujo de colocar un curita a un enfermo que necesita una cirugía.


El sistema carcelario del país está profundamente descompuesto y hasta quebrado, por lo que las consecuencias de ello no son nada deseables”.

 

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