“Crimen frena revisión contra las gasolineras”

MÉXICO, D.F., agosto 25 (EL UNIVERSAL).- Lorena Martínez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), explicó a EL UNIVERSAL dos de las problemáticas que vive la institución al momento de realizar verificaciones contra gasolineras.

Una de ellas es el hecho de los concesionarios que envían hasta “matones” para “recibir” a los verificadores.
Ante esta circunstancia, en algunas entidades han tenido que levantar actas ante ministerios públicos o se hacen acompañar de seguridad pública, incluyendo al Ejército.

Otra problemática es que ahora la tecnología también sirve a la delincuencia organizada, pues al implementar las verificaciones, existe “software” que modifica lo establecido por la Profeco.

“La tecnología es un instrumento útil pero cuando cae en malas manos es un problema”, dijo la funcionaria en entrevista.
La procuradora especificó que en el reciente operativo, más de la mitad de las gasolineras verificadas (221) presentaron este problema: Alteraciones al Modelo Prototipo, utilizando “software” con la intención de ocultar datos de cuántos litros venden.

¿Cómo van estos operativos y los resultados obtenidos?
—Atendimos en 110 municipios [capitales y zonas metropolitanas] las denuncias presentadas, donde se concentra el mayor número de establecimientos.

Duró cinco días y se realizaron 527 verificaciones; 255 serán sancionados, lo que representa 48%, es decir, una de cada dos gasolineras tuvo faltas.

Muchas veces nos vamos con la finta de que al dar esta cifra, todos roban. No es así, porque los que dieron litros incompletos fueron 27 establecimientos.

¿Qué logramos con ello? Cubrimos 88% de las denuncias.

Cuéntenos de los verificadores jóvenes…
—El perfil de los nuevos verificadores, de las 300 nuevas plazas autorizadas por Hacienda… buscamos gente joven, profesionista o que terminará la universidad.

Esto es el ensayo de la Unidad de Control de Confianza.

Y así como ustedes se han ido complejizando para utilizar la tecnología en estas verificaciones, también en las gasolineras se han ido complejizando las formas en cómo hacen trampa…
—Desafortunadamente la tecnología, que es un instrumento útil para darle servicio a la gente, cuando cae en malas manos se vuelve un problema.

Cuando hablamos de estas 221 gasolineras sancionadas, el motivo más recurrente es el que técnicamente le llamamos “Alteración del Modelo Prototipo”, que significa que el software que adquirieron y que corresponde a uno ya aprobado y con permiso, fue modificado de origen.

¿Con qué propósito? No lo podemos saber, pero se presume que es un protocolo modificado para ocultar información. ¿De qué tipo? De los litros que realmente vende, si el litro lo debe o no cobrar al precio que es, si los litros corresponden a los litros que compra y ahí tiene que ver con la gasolina robada.

Si bien es cierto no podemos comprobar que venden litros incompletos, hay una actividad fuera de la norma y por eso se sanciona.

Y los que incumplen la norma y que supuestamente son cercanos al crimen organizado…
—No me atrevería a afirmar eso, pero hemos vivido como institución agresiones al personal, en algunas zonas del país.

Ha habido casos en operativos que fueron perseguidos, porque muchos los hacemos en la noche, por el factor sorpresa y han sido recibidos por personal no muy amable, hasta dos, tres perfiles de matones, que los han invitado a retirarse.

Y yo no puedo poner en riesgo la seguridad ni la vida de los servidores públicos. Cuando suceden esas cosas, regresamos y pedimos apoyo de la fuerza pública para realizar labores de verificación.

Sí, hay zonas difíciles para nosotros, lugares en donde cuando vamos tenemos que ir acompañados por la fuerza pública, en muchos casos hasta por el Ejército.

¿Y cuál es la consecuencia?
—Cuando nos pasan estas cosas, damos vista al Ministerio Público, la más de las veces regresamos a solicitar mediante oficio que se nos apoye.

No estamos preparados para enfrentar estas situaciones.
Nuestros verificadores no son policías, no son soldados, son jóvenes, son funcionarios, son servidores públicos, capacitados para realizar única y exclusivamente estas tareas de verificación a las estaciones.

Lorena Martínez asegura que puede que no estén contentos los empresarios, pero también se les ha pedido ayuda para que busquen juntos, con Profeco, la solución al problema.

EL UNIVERSAL