El procurador Carlos Navarro indicó que se giraron órdenes de aprehensión contra 16 personas, entre ellas Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, y José Manuel Hernández López, quien laboraba en el área jurídica de la Unión Ganadera Regional de Sonora y era su principal cómplice, así como contra algunas de las personas que pagaron entre 80 mil y 150 mil pesos por los menores.
Arzate tenía acceso a la información de personas en proceso de adopción e identificaba a mujeres vulnerables por problemas de adicciones que daban a luz en el Hospital Integral de la Mujer.
Ahí recogía a los bebés y en lugar de ingresarlos al DIF los daba a parejas que deseaban adoptar, quienes los registraban como sus hijos biológicos.
Navarro dijo que se ha logrado identificar a nueve menores involucrados que fueron registrados de forma irregular, de los que se conoce su paradero, pero no han sido recuperados.