MAFIAS ESCOLARES

Con el pretexto de que la infraestructura que ofrecen tales planteles es de primera calidad, los directivos, muchas veces amafiados con las Sociedades de Padres de Familia, establecen elevadas cuotas de inscripción.

Si bien en teoría dichas cuotas son voluntarias, en la práctica son instrumentos que condicionan la inscripción de los niños y representan una violación flagrante al Artículo Tercero de la Constitución.

En un afán por funcionar como un exclusivo colegio particular, escuelas como la Felipe Carrillo Puerto, ubicada en el Boulevard Del Maestro con Fuente de Diana, establecen férreas medidas de disciplina, se ve siempre limpia y cada padre de familia debe pagar una cuota de inscripción, más algunas otras aportaciones en el transcurso del año.
La Carrillo Puerto es un modelo para las demás escuelas primarias de Reynosa.

La prueba es que se trata de una de las instituciones con mayor demanda de inscripiones, y cada año se quedan fuera cientos de escolapios por falta de cupo.

Pero mientras en algunas todo parece funcionar correctamente porque se ubican en sectores cuyo nivel socioeconómico es medio alto y alto, gracias a que los padres pagan las cuotas de inscripción con gusto, en otras escuelas la situación es muy diferente.

En colonias como la Arco Iris, la Jacinto López, Rancho Grande, o en fraccionamientos como La Joya, Balcones de Alcalá y Rincón de las Flores, donde la mayoría de las familias tiene un nivel socioeconómico de medio para abajo, es frecuente que trasciendan los casos particulares donde un niño no es admitido al siguiente ciclo escolar porque su padre no tuvo el dinero para pagar la cuota.

En el 2011, luego de incontables conflictos en todo el Estado donde los directores y mesas directivas de padres rechazaron a los niños que acudían con sus progenitores a inscribirse sin dinero para pagar la cuota, el Congreso del Estado de Tamaulipas recibió algunas iniciativas para reglamentar dichas aportaciones y hacer valer los preceptos constitucionales acerca de que todo mexicano tiene derecho a la educación gratuita que imparte el Estado.

El Congreso de Tamaulipas recibió una iniciativa de ley para tipificar como abuso de autoridad la exigencia de cuotas escolares, con sanción de entre dos y nueve años de prisión para el funcionario educativo que se rehuse a aceptar a un niño en las escuelas porque sus padres no pagaron la cuota escolar.

Dicha iniciativa fue presentada por el diputado panista Rolando González Tejeda.
Varios meses después, el 27 de enero del 2012, el portal Tamaulipas en Línea cabeceó de esta manera: "¡Se acabaron!... Adiós a las cuotas escolares en Reynosa.

En una entrevista que su corresponsal hizo al entonces Presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Marco Antonio Elejarza Yáñez, éste último expresó: "Nuestros hijos e hijas irán a la institución sin ninguna circunstancia de aportar ni un cinco, si tiene la posibilidad apórtelo, pero obligatoriamente, se acabó, ya no va obligatoriedad, lo vamos a difundir antes de que termine este ciclo escolar para podérselo expresar a todos los padres de familia".

En el mismo artículo opinó el Coordinador de MORENA, Constantino Soto Patiño que "nos pareció una buena actitud de hacerles crear la conciencia a los maestros que no pueden ellos evitar negar la educación a nuestro hijos, todo porque ellos argumentan que en las escuelas hay necesidades, que ellos están tratando de resolver de manera cómoda, light, consecuente".

LO QUE DICE LA LEY

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento supremo que rige la vida de nuestra nación.
El Artículo Tercero señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación del Estado: Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios tanto del nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior.

La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, ésta y la media superior serán obligatorias.

(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero del 2012).
Además indica que "la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011).
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

(Adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero del 2013).
En el Apartado IV se establece que toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993).
Ni la Constitución, ni los argumentos ni los amparos han hecho mella en muchos directores escolares o mesas directivas de padre de familia para que no condicionen la inscripción al pago de cuotas.

Otro caso que llamó la atención de la prensa fue el que publicó el portal Hoy Tamaulipas, el 24 de agosto del 2012, donde se indica que la estudiante Jennifer Paola Chávez Hernández, de la escuela primaria José María Pino Suárez de la colonia Hidalgo, fue expulsada porque sus padres no pudieron pagar la cuota de inscripción de 700 pesos.

Su madre, Esmeralda Hernández Méndez dijo en esa ocasión que "el día de ayer le quitaron los libros, le dijeron que ya no se preocupara por asistir a la escuela porque ella ya no tenía lugar".
Es común que las mesas directivas de padres de familia realicen reuniones.

Es más común que los directores, metidos en su papel de máxima autoridad de la escuela, influyan para que personas de su confianza formen parte de dichas directivas.

De eso dependerá, en buena medida, que se establezcan cuotas "voluntarias" a su gusto, suficientes para cubrir las necesidades del plantel, como la compra de agua purificada, papel higiénico y materiales educativos.

Ojo: De acuerdo con la propia Constitución, el Estado debe encargarse de cubrir el resto de los requerimientos, que van desde el pago del personal docente, administrativo, de intendencia, reparaciones de la infraestructura, construcción de nuevas aulas cuando se requieren, material de limpieza y de oficina.

Una vez que se cuenta con una tarifa de inscripción base, el dinero es manejado discrecionalmente por la mesa directiva de padres y el director, de manera mancomunada, de ahí la importancia que el presidente de la sociedad de padres sea una persona a modo.
Hablar del jineteo de los intereses que generan esos recursos en cada escuela, es otro punto de discusión.

Las leyes han cambiado, se han adicionado artículos y elaborado reglamentos, pero parece que todo sigue igual con el escamoteo de las cuotas escolares.

Recientemente, en la visita que hizo el Gobernador al CONALEP para inaugurar el ciclo lectivo 2015-2016, el Secretario de Educación, Diódoro Guerra Rodríguez fue interceptado por furibunda madre de familia de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, de la colonia Valle Alto (una colonia con un nivel socioeconómico alto), quien acusó a la directora de manejar los recursos de manera inapropiada.

La señora Sandra Luz Plascencia Orozco, ex tesorera de la mencionada escuela, fue quien pidió a las autoridades su intervención para auditar las cuentas manejadas por la directora y la mesa directiva, a la cual ella perteneció y renunció, supuestamente por oponerse a los malos manejos del recurso aportado por los padres.

MENOS CONFLICTOS

En comparación con años anteriores, al inicio del ciclo lectivo 2015-2016 casi no hubo conflictos relacionados con las cuotas escolares, salvo el que se cita líneas arriba.

En términos generales, autoridades de la Secretaría de Educación, asociaciones externas y hasta partidos políticos concuerdan en que las cuotas deben prevalecer en las escuelas, sin embargo, no deben condicionar la inscripción de los infantes o, en todo caso, aceptar que los padres de familia puedan hacer algún servicio a la institución como aportación.

El 22 de enero del 2015, el Jefe del Centro Regional de Desarrollo de la Educación, Antonio Caballero Galván, sostenía que las cuotas escolares o de preinscripción son acuerdos de los padres de familia, así que la secretaría no interviene.

Los directores no deben intervenir porque es claro el reglamento y no debe afectar al menor.
En un artículo publicado en La Prensa, el mismo funcionario dijo que "a veces vemos puras habladas, por lo que pedimos a los padres de familia a que denuncien ante la representación de la Secretaría de Educación en el Estado y nosotros intervendremos para investigar y hacer que se haga valer el derecho de acceso a la educación".

Ya desde el 2013 había autoridades que estaban conscientes del crecimiento de la problemática, como Martín Quintero Camero, entonces regidor, quien aseguraba que "las cuotas no son obligatorias pero son necesarias porque si no estuvieran esas cuotas las escuelas estarían en mal estado".
Las cuotas escolares hasta fueron pretexto y tema de partidos políticos en las recientes campañas en busca del voto popular.

El Verde Ecologista propuso una iniciativa de ley para que no sean obligatorias ni condicionantes para inscribir a los niños en las escuelas.

Marco Antonio Elejarza-según el portal El Planeta, edición del 20 de septiembre del 2014-, dijo categórico: "Miente la publicidad del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de nada sirven las modificaciones a la ley, ya que los cobros obligatorios, disfrazados de voluntarios, continúan exigiéndose en las escuelas públicas de la localidad, violándose el artículo tercero de la Constitución Federal y dejando a muchas familias sin comer, ya que el salario mínimo no alcanza para nada".

Señaló que años tras año la principal queja de los padres es que en las escuelas se les pide hacer pagos aparentemente voluntarios pero que en la práctica la inscripción de los niños está condicionada a dicha aportación.

"Esto viene a demostrar que en Tamaulipas las directivas escolares están por encima de la ley con el consentimiento de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

El mismo portal puntualiza el 21 de agosto del 2012 que el juez José Raymundo Cornejo Olvera, titular del Juzgado Octavo de Distrito, en torno al juicio de amparo 525/2012, resolvió favorablemente a la solicitud de suspensión provisional a favor de Karla Aguilar García y Libia Maelhet López Melgar, contra el pago de cuota de inscripción.

(No se indica de qué escuela se trata).
Las cuotas “voluntarias” seguirán siendo tema de polémica mientras no exista una reglamentación clara y precisa que incluya auditorías y sanciones.
Hasta el momento no se sabe si algún director o tesorero de mesa directiva han sido castigados por malos manejos de los recursos, que pueden sumar varios millones de pesos en cada inicio de ciclo escolar.