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Corte avalaría posibles detenciones durante revisiones fiscales

La Corte podría aprobar que la autoridad fiscalizadora y cualquier dependencia administrativa ordene la sustracción de bienes o detención personas bajo el pretexto de una revisión administrativa o fiscal. Foto: EFE ARCHIVO
La Corte podría aprobar que la autoridad fiscalizadora y cualquier dependencia administrativa ordene la sustracción de bienes o detención personas bajo el pretexto de una revisión administrativa o fiscal
miércoles, 23 de septiembre de 2015
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MÉXICO, D.F., septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Corte podría aprobar que la autoridad fiscalizadora y cualquier dependencia administrativa ordene la sustracción de bienes o detención personas bajo el pretexto de una revisión administrativa o fiscal, sin que hay una orden judicial.

Las visitas domiciliarias a las empresas podrían ser consideradas como cateos sin la necesidad de que exista una orden judicial, ello si la Primera Sala de la Corte aprueba hoy el proyecto de sentencia del amparo que promovió la empresa Worcester, tras recibir una visita de la autoridad en sus instalaciones con procedimientos que el particular calificó de irregulares.

Los abogados de la empresa Válvulas Worcester explicaron que “de aprobarse esta propuesta del Ministro Zaldívar, la autoridad fiscalizadora y cualquier dependencia administrativa podrá ordenar la sustracción de bienes o detención personas bajo el pretexto de una revisión administrativa o fiscal, sin que medie para eso una orden judicial”.

Este miércoles la Primera Sala de la Corte discutirá este proyecto en torno al amparo 4796/2014,que de ratificarse sería una decisión inapelable, definitiva y fijaría criterios para subsecuentes casos similares.

Para los juristas Eduardo Viesca de la Garza y Raúl Jiménez Vázquez, con esta interpretación se quebranta la división de poderes prevista en la Constitución, pues la Suprema Corte estaría avalando que las dependencias del poder ejecutivo ejerzan facultades de tipo judicial, afectando así el Estado de Derecho.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos emitió una opinión conocida como amicus curiae en la que expuso que una visita de la autoridad debe tener como finalidad el revisar libros o papeles, según se estableció en la Constitución, pero el dar la facultad a una autoridad administrativa de poder extraer bienes de las personas “implicaría ampliar el tipo de injerencia que pueden realizar en detrimento del gobernado”.

Todo ello comenzó por una visita domiciliaria que recibió la empresa fabricante e importadora de válvulas de acero Worcester por parte de la autoridad aduanera del país, de la cual se sustrajeron bienes so pretexto de comprobar si había pagado los impuestos de importación.







EL UNIVERSAL/AJV

 

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