AGENCIA / EFE

El estado de Ohio (EE.UU.) anunció que aplaza, por lo menos un año más, todas las ejecuciones previstas a partir de enero de 2016 tras no haber sido capaz de obtener suministros para las inyecciones letales, informaron medios locales.

Este retraso supone el último revés para Ohio, que en enero de 2014 administró una inyección letal defectuosa a un preso que agonizó durante 25 minutos y desde entonces ha ido aplazando todas las ejecuciones previstas.

Con el nuevo calendario, el próximo reo con fecha de ejecución es Ronald Phillips, cuya condena estaba prevista en un inicio para el 21 de enero de 2016 y ahora fue reprogramada para el 12 de enero de 2017.

A parte de Phillips, condenado por la violación y asesinato de una niña de 3 años en 1993, Ohio también aplazó las ejecuciones de otros 10 presos previstas para 2016.

En un comunicado, el Departamento de Rehabilitaciones y Correcciones de Ohio explicó que no ha sido capaz de adquirir tiopentato de sodio ni pentobarbital, los dos componentes que figuran en su protocolo de ejecuciones.

Desde que los proveedores europeos cortaron hace años el suministro de sus fármacos para que no sean usados en las salas de ejecuciones, buena parte de los 32 estados donde sigue vigente la pena de muerte en Estados Unidos han experimentado dificultades para obtener suministros.

Otros, como Texas, Misuri y Georgia, sí han conseguido comprar pentobarbiral, aunque se niegan a informar de su proveedor para evitar represalias y perder el suministro.

En enero de 2014, Ohio ejecutó a Dennis McGuire con una inyección letal no probada anteriormente de midazolam, un polémico sedante que falló en esa ocasión y en otras dos en Arizona y Oklahoma.

Desde entonces, Ohio vetó las inyecciones de midazolam y puso sus esfuerzos, de momento sin éxito, en adquirir fármacos más fiables.

Ohio tiene a cerca de 150 personas en el corredor de la muerte y desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reinstauró la pena capital en 1976 ha ejecutado a 53 presos.