La cámara de la muerte donde los presos fallecen por inyección letal, en la Unidad Paredes en Huntsville (Texas), EE.UU. EFE/Archivo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió "in extremis" la ejecución de Ernest Johnson, condenado a muerte por un triple homicidio de 1994, al tener el preso un recurso sin resolver ante una corte federal.
Ese recurso pendiente argumenta que el fármaco utilizado por el estado en sus inyecciones letales -el pentobarbital- supone "un riesgo considerable e injustificable" de convulsiones para Johnson, que en 2008 fue intervenido de un tumor cerebral que no le fue extirpado por completo.
En ese caso, la ejecución del reo violaría la Octava Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de "castigos inusuales o crueles".
Es por eso que la defensa de Johnson pidió al estado que lo ejecutara en la cámara de gas, una maniobra dilatoria de los abogados ya que ese sistema, aunque vigente en el protocolo, no ha sido utilizado desde 1965 y no está operativo.
La decisión tomada hoy por el Supremo apela a que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Octavo de Estados Unidos falle sobre dicho recurso antes de proceder con la ejecución.
Cuando el Supremo dio a conocer su decisión ya hacía una hora que estaba todo listo en la prisión de Bonne Terre para proceder con la ejecución de Johnson, inicialmente prevista para las 18.00 hora local (00.00 del miércoles GMT).
Su caso se remonta 21 años atrás, a la noche del 12 de febrero de 1994, cuando irrumpió en un supermercado de Columbia (Misuri) del que era cliente habitual, asesinó a los tres trabajadores que había en ese momento y robó la recaudación.
Johnson, adicto al crac, asesinó a las tres víctimas a martillazos y luego escondió dos de los cuerpos en el baño del establecimiento y otro en un congelador.
La Policía halló la macabra escena por la mañana y ese mismo día detuvo a Johnson, quien fue condenado a muerte un año después.
En 2015 han sido ejecutados 25 presos en Estados Unidos, seis en Misuri.