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La captura se logró luego de que elementos de la Visitaduría General de la PGR, con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaran una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Agrícola Oriental, delegación Iztacalco, puesto que existían informes de inteligencia sobre el paradero del presunto responsable.
Al cumplimentar la orden, los elementos de la PGR pudieron encontrar al ex servidor público de la dependencia, quien el 28 de mayo de 2006 encabezó un falso operativo para secuestrar y extorsionar a dos personas, a cuyos familiares les exigió la cantidad de un millón de pesos a cambio de su liberación.
Según consta en el expediente, el día de los hechos el ex comandante de la AFI, un elemento del Ministerio Público, dos integrantes de la AFI y un investigador de Delitos Federales llegaron a un restaurante junto con un grupo de 30 civiles armados.
Ellos privaron de su libertad a dos personas.
Las víctimas fueron amagadas con armas cortas y de inmediato fueron secuestradas por los elementos de la PGR que en ese entonces todavía estaban activos.
Posteriormente, los servidores públicos adscritos a la extinta AFI se comunicaron con las familias de los afectados para solicitarles un millón de pesos a cambio de dejarlos ir.
El ex mando de la AFI advirtió a los parientes que si no le entregaban la cantidad solicitada, sembraría droga a los detenidos para que fueran encarcelados por delitos contra la salud.
A pesar de sus esfuerzos, las familias de los dos afectados sólo reunieron 130 mil pesos, además de entregar endosada la factura de un vehículo, dinero que entregaron a los captores.
Los afectados presentaron la denuncia correspondiente una vez que sus allegados regresaron en buen estado; sin embargo, fue hasta la actual administración que las indagatorias se reactivaron para dar con los presuntos responsables.
Los ex funcionarios de la PGR implicados en este caso enfrentan órdenes de aprehensión por el delito de secuestro agravado, el cual se castiga con penas que van de los 25 a los 45 años de cárcel.
EL UNIVERSAL