La Comisión de Gobernación de Cámara de Diputados avaló regresarle facultades a la Secretaría de Función Pública (SFP), en el marco del debate de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, luego de la reforma constitucional del 2012, que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, donde pidió desaparecer esta dependencia y crear la Comisión Nacional Anticorrupción, que no prosperó.
El dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fue aprobado en lo general y por unanimidad, señala que de nueva cuenta la Secretaría de la Función Pública deberá recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de interés, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes.
La dependencia que encabeza actualmente Virgilio Andrade, también realizará por cuenta propia o solicitud de la Secretaría de Hacienda, “auditorías, revisiones y evaluaciones, con el objeto de fiscalizar y promover la eficacia y legalidad en la gestión y encargo de las diversas dependencias”.
En el documento avalado, que podría ser llevado al pleno el día de hoy, especifica que atenderá quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República.