Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

Mucho se dice, poco se hace

Mucho han dicho la jurisprudencia nacional e internacional en relación con los antecedentes penales, calificándolos como violatorios de derechos humanos.
Sin embargo, pese a esa abundancia de criterios en contra y de rechazo, poco se ha logrado por evitar que el historial delictivo de una persona sigua siendo usado como instrumento de discriminación y exclusión laboral.
Durante décadas, uno de los primeros requisitos que las instancias públicas y la Iniciativa Privada exigen a quien busca trabajo, es precisamente ese: que no tenga antecedentes penales.
Para acreditar ese pasado limpio, el interesado debe obtener una carta que expiden las Procuradurías de Justicia, en lo que viene a ser una especie de aval.

Sin ella no hay forma de lograr empleo. Al menos no un empleo formal y legal.
Dicho en otras palabras, la estigmatización de quienes, por la razón que sea, incurrieron en una infracción a la ley, sigue siendo una limitante enorme para quienes han cumplido una condena y en teoría lograron con ello la llamada reinserción social.
Se trata, pues de una evidente contradicción del Gobierno: por un lado busca sanar y encauzar por el camino de la rectitud y honestidad a quienes delinquieron, y por otro les cierra las oportunidades de encontrar una forma lícita de sobrevivencia económica.
¿Cómo espera la autoridad que alguien que egresa de un reclusorio evite caer nuevamente en el delito si, con la exigencia de una carta de no antecedentes penales, le quita toda oportunidad de lograr una fuente de trabajo honesta?
El tema viene a cuento porque, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) acaba de hacer un Pronunciamiento sobre los Antecedentes Penales.
En lo personal, me parece una postura sobradamente interesante y certera.

Describe el ombusdman nacional la incongruencia del Estado Mexicano al seguir manteniendo como requisito para conseguir empleo, el no tener antecedentes penales.
Ojalá y que las instancias de Gobierno, las legislaturas, y sobre todo las organizaciones no gubernamentales, empujaran más en ese tema.

Resulta contradictorio que, en tiempos como los de ahora donde la defensa de los Derechos Humanos es bandera mundial, en México sigua subsistiendo una figura violatoria, a todas luces, de esos derechos fundamentales.
Sólo le doy algunos fragmentos del posicionamiento de la CNDH:
“Al obtener la libertad, se inicia un difícil proceso, el cual en muchos casos conlleva discriminación y exclusión, lo que implica señalamientos por esta condición, situación que de manera trascendental afecta, no sólo a la persona liberada, sino también a su familia.

Esta situación se presenta también, al requerir antecedentes penales relacionados a familiares directos o indirectos y no sólo los propios, al momento de acceder a algún derecho, como suele suceder al solicitar el ingreso a un trabajo”…
“El restringir el ejercicio pleno de los derechos de una persona sentenciada resulta excluyente por lo que considera (la CNDH), que, si bien es cierto que los antecedentes penales forman parte del pasado de la persona, éstos se encuentran dentro de su vida privada y el requerimiento de éstos y su difusión, la discrimina ante la posibilidad de una segunda oportunidad”…
“Debe fortalecerse el derecho a la reinserción social efectiva, como un derecho exigible que permita que las personas que han obtenido su libertad no sean estigmatizadas y cuenten con otra oportunidad de vida dentro de la comunidad”.
Más claro no puede ser el organismo defensor de la dignidad de los mexicanos.

Esperemos que nuestros gobernantes y a quienes elaboran las leyes, lo entiendan con esa claridad obvia.
ASI ANDAN LAS COSAS.
Roger_rogelio@hotmail.com