Luis Carlos Castillo Cervantes, llamado El Rey de los Dragones.

CORPUS CHRISTI, TX.-
Tras declararse culpable de lavado de dinero, Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como "El Rey de los Dragones", fue liberado en Texas y llegó a un acuerdo con las autoridades, a las que cedió un avión, 5 millones de dólares, automóviles, motocicletas, centenarios y diamantes.
Esos bienes y el dinero fueron confiscados después de que Castillo, que en Nuevo León realizó obras de recarpeteo y pavimentación para las administraciones de los priistas Natividad González Parás y Rodrigo Medina, fue detenido el 9 de noviembre, en Mission.
Se trata de un Learjet 45XR, modelo 2008, matrícula N135CG, dos motocicletas, seis vehículos, una cuenta bancaria por 5 millones de dólares, 33 mil 981 dólares en efectivo, 75 centenarios de oro y tres diamantes.
De los vehículos decomisados, cuatro son de lujo, uno deportivo y otro sedan.
Aunque el acuerdo tuvo lugar el 3 de enero, después de su liberación bajo fianza, fue hasta esta semana que se dieron a conocer los términos de su pacto con las autoridades.
Incluso, el Learjet fue subastado en 2 millones 800 mil dólares el pasado 26 de mayo.
"Desde el momento de la incautación, en noviembre del 2016, ha requerido de servicio limitado que se le ha realizado a la aeronave para mantener la operatividad.
"Los motores se han puesto en marcha y funcionan en un 80 por ciento", informó la empresa CWSAMS, previo a la subasta.
Agregó que la aeronave fue probada como taxi aéreo.
Castillo es señalado de conspirar para lavar el producto de un fraude bancario y estar relacionado con sobornos a funcionarios, así como por la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos.
En enero, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Texas informó que al menos cuatro gobernadores mexicanos recibieron sobornos de su parte.
Además de haber estado ligado a González Parás y Medina, se le vincula con los ahora ex mandatarios Humberto Moreira y Jorge Torres, de Coahuila; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y Amalia García, de Zacatecas.
Castillo aún se encuentra en espera de ser sentenciado en Estados Unidos, donde podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión en una cárcel federal.

PAGO DE CONTRATOS

Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como El Rey de los Dragones, recibió en adjudicación por parte del Gobierno federal obras por montos de 850 millones de pesos.

Un mes antes de ser detenido en Estados Unidos recibió el último pago.
El 6 de marzo de 2017, con nueve meses de retraso, tres secretarios de Estado y el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reinauguraron el puente de Barra Vieja, una construcción en la carretera de Pinotepa Nacional, que cruza el Río Papagayo y une esa zona con el puerto de Acapulco.
Esta fue una de las estructuras que quedó destruida en el 2013 por la crecida de los ríos provocada por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel.

En la foto del acto oficial aparecen sonrientes los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles; y de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong; acompañados por el mandatario estatal.
"Fueron momentos de esfuerzo, quizás hasta de sufrimiento, pero también de privilegio.

Aquí está el puente que le va a dar una carta de presentación a Guerrero", dijo el secretario Ruiz Esparza en la ceremonia de inauguración de la obra.
El dueño de la empresa que recibió en 2014 el encargo de iniciar la reconstrucción del puente no apareció en esa foto.

Cuatro meses antes había sido detenido en Estados Unidos, en donde confesó haber utilizado el sistema financiero de ese país para lavar dinero proveniente de sobornos y malversación de dinero público de México.

Se trataba de Luis Carlos Castillo Cervantes, llamado El Rey de los Dragones.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Luis Carlos Castillo Cervantes recibió, a través de su empresa Logística de Calidad en la Construcción y Comercio, al menos 127 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción del puente Barra Vieja-Las Lomas.
Casi la mitad de ese monto, 50 millones de pesos, fue pagado sin licitación, de forma directa, y del resto, 77 millones de pesos, no existen documentos que justifiquen su entrega dos años después y justo un mes antes de ser capturado en territorio estadounidense.
Pero estos no son los únicos pagos que la SCT otorgó en esta Administración al empresario detenido actualmente en Estados Unidos.

Un total de 723 millones de pesos en diferentes obras habrían sido pagados mediante concursos simulados.
En 2013 y 2014, a través de sus delegaciones estatales en Nuevo León y Tamaulipas, Comunicaciones y Transportes pagó a empresas ligadas a El Rey de los Dragones contratos por 79 millones de pesos.

Documentos oficiales en poder de MCCI y ejecentral evidencian que las tres compañías que compitieron en esos convenios estaban directamente vinculadas a Castillo Cervantes, por lo que sería un concurso simulado que la Ley de Obras prohíbe.
Además, en licitaciones de la SCT restringidas a tres participantes, Castillo Cervantes ganó obra por 644 millones de pesos en San Luis Potosí, Colima y Zacatecas.

Sin embargo, los documentos muestran que Castillo Cervantes colocó en la puja a dos de las tres empresas que participaron. Este mecanismo también lo prohíbe la legislación.

La clave en seis empresas

Luis Carlos Castillo Cervantes cuenta con una historia larga de trabajos con dependencias del Gobierno federal y local. Casi todas se enumeran en adjudicaciones directas.

El mecanismo empleado es la constitución de empresas, en total seis, en tres de ellas aparece directamente como propietario y en el resto sus familiares o representantes legales.
Desde 2008, después de hacerse de la concesión para México de máquinas Cutler para la repavimentación en un solo paso (llamadas Dragones y de ahí el mote con el que sería conocido varios años después), Castillo Cervantes logró tener contratos con gobiernos estatales encabezados por políticos de diferentes partidos.
Constituyó en el año 2000 la empresa Multiservicios Immex, según la escritura 691, que se encuentra en el Registro Público de Tamaulipas.
Derivada de ésta se crearon las filiales Lucamax, Impulsora Mexicana de Comercio y Construcción e Impulsora Internacional de Equipos.

Todas han concurrido en dos direcciones Río Nazas 311 en Monterrey, Nuevo León, y en Insurgentes 435 en la colonia Longoria, en Tamaulipas.
Un ejemplo: para las obras de reencarpetamiento en Nuevo León, en El Encino, por un total de nueve millones de pesos compitieron Impulsora Internacional de Equipos, representada por Efraín Cueto; Lucamax, con Antonio Mata como representante legal, y Proyecto Constructivo Muke, en la que Alejandro Martínez Leyva se identificó como representante legal mientras laboraba en la empresa Lucamax, según las mismas referencias laborales de Martínez publicadas en Internet.
Efraín Cueto aparece también como representante legal de Insumos y Maquinaria, así como de Logística de Construcción y Calidad en el Comercio.
En el caso de Lucamax, además de que presenta la misma dirección fiscal de Impulsora Internacional de Equipos, comparte representante legal cuando se trata de Humberto Pérez Orozco.

En la Secretaría de Infraestructura de Oaxaca, de acuerdo al Padrón de Contratistas 2016, en esta compañía aparece registrado como socio Bruno Maximiliano Castillo Martínez, hijo de El Señor de los Dragones.
El esquema se repite en varios concursos por invitación restringida como en la licitación IO-009000963-N115-2013, para trabajos que se efectuaron en el Ramal de Tlamacas, donde el contrato fue por 10 millones de pesos.

También en la licitación LO-009000012-N50-2015, por un total de 55 millones de pesos pagados por la SCT de Tamaulipas, por los trabajos realizados en la carretera Tula- Ciudad Victoria.
A partir de estas empresas Castillo Cervantes pudo obtener convenios en varios estados y creció su fortuna.

Un ejemplo son los contratos de obras obtenidos con Rodrigo Medina mientras éste fue gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015; así como los que obtuvo con el gobierno de Coahuila durante el breve periodo de Jorge Torres, sucesor de Humberto Moreira en 2011.
También las obras que le fueron otorgadas en la Administración del panista Luis Armando Reynoso, gobernador de Aguascalientes de 2004 a 2010.
En lo tocante a sus contratos con el gobierno de Coahuila y Aguascalientes, Castillo admitió este año en el juicio que se le sigue en Corpus Christi que había entregado sobornos para que las obras que contaban con un sobreprecio, le fueran adjudicadas.
Tan sólo de contrataciones por esa modalidad de adjudicación directa, según publicaciones hechas por la prensa desde 2008, el empresario habría recibido obra por poco más de mil millones de pesos.
Y en ninguno de los montos anteriores está incluida la obra que le inauguraron al Rey de los Dragones tres secretarios de Estado y el gobernador de Guerrero en marzo pasado.

Puentes en Guerrero

El puente Barra Vieja-Las Lomas fue el broche de oro con el que el gobierno federal cerró, con al menos un año de retraso, el Plan Nuevo Guerrero.

La administración de Enrique Peña Nieto daba con ello por concluidos los trabajos que tenían que ver con la reparación de los daños por las tormentas Ingrid y Manuel que tocaron esta parte del país en 2013.
En septiembre de aquel año, la crecida del río destruyó el puente que conectaba las poblaciones Buena Vista y San José de Guatemala.

Una semana después, ya que las aguas habían bajado, la población cruzaba el río con los pantalones arremangados y haciendo equilibrio con sus pertenencias en la cabeza.
En un recorrido por la zona realizado por el presidente Enrique Peña Nieto el 19 de septiembre de 2013, el mandatario prometió que se tendría un nuevo puente, con mejores condiciones estructurales para que ninguna nueva crecida del río obligara en el futuro a las personas a cruzar a pie ese afluente.
Tras esa promesa presidencial, apareció en escena la empresa Logística de Calidad en la Construcción y el Comercio, de la que antes no existe registro público de algún contrato con la Federación.
En 2008, con un capital de 200 mil pesos, Luis Carlos Castillo y María de Lourdes Martínez Díaz crearon esta empresa con el folio mercantil 1278-2 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, estado en el que nació Castillo Cervantes.

Dio fe de esa apertura mercantil el Notario Mario Alfonso López.
Con las mismas iniciales que su dueño (LCCC), el objeto social con el que se registró la empresa fue la compra-venta y renta de maquinaria, abrir y cerrar cuentas bancarias, realizar "toda clase de actos y toda clase de contratos compatibles con su objeto social", así como participar en sociedades en carácter de accionista.
Según la base de datos disponible en Compranet, desde la fecha de su apertura como empresa no obtuvo ningún contrato con el gobierno federal sino hasta octubre de 2014, cuando la SCT anunció la adjudicación directa del puente.

Con el número SO-00900085-NI83-2014, Logística de Calidad en la Construcción y el Comercio hizo su debut en las bases de datos de contratos del gobierno.
A Logística de Calidad en la Construcción y el Comercio, representada por Humberto Pérez Orozco, se le pidió que presentara una propuesta económica para Trabajos de Reconstrucción del Puente (Primera Etapa) "Barra Vieja las Lomas", km 38+040, tramo: Cayaco-Las Horquetas, carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, en el estado de Guerrero.
Según la invitación extendida por el Centro SCT Guerrero 6.I2.412.I.O.T-296.
Las condiciones de la invitación estipulaban que presentaría una cotización para los trabajos el 3 de noviembre de 2014.
La misma SCT Guerrero apuntó en la carta de invitación que no habría visita en el lugar de ejecución de los servicios, no se efectuaría una junta de aclaraciones y la proposición que presentara la empresa no podría ser negociada.

Los trabajos tendrían una duración de 10 días e iniciarían el 11 de noviembre de 2014.
Un día antes, el 10 de noviembre de 2014, la SCT a través de la Unidad Guerrero firmó el contrato 2014-12-CB-A221-W-00-2014, por 49 millones 999 mil 999 pesos para actividades que tendrían una duración de 10 días.
Para el 19 de noviembre de ese mismo año, un día antes de concluir el plazo fijado para los trabajos, la constructora emitió la factura por los 49 millones 784 mil 482 pesos, después de que se le dedujeran 215 mil 517 pesos bajo el concepto de "inspección y verificación".

De inmediato obtuvo el pago.
Es decir, en menos de un mes la empresa de Castillo Cervantes logró la adjudicación de 49.7 millones de pesos, elaboró un proyecto, ejecutó los trabajos y superó los procesos burocráticos para que le pagaran a tiempo su dinero por un trabajo que le requirió 10 días.
El dinero se entregó en una sola exhibición, según apunta la misma factura, y también según marcaba el contrato.
Dos años después de cubierto el pago por esta obra, y según lo detectado a través de solicitudes de información, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó otros 78 millones de pesos a LCCC en pagos fraccionados; todos ligados al mismo contrato firmado en 2014.
El objeto del contrato, obtenido vía transparencia, explica que la empresa efectuaría "Trabajos de reconstrucción del Puente" en una primera etapa, sin que se conozcan más detalles del monto o las funciones que se requerirían para esta empresa.
De los contratos y documentos oficiales a los que se puede acceder de manera pública, ninguno especifica porqué el precio final de la obra ascendió a 700 millones de pesos, según los reportes de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Informe sobre acciones relevantes de la SCT de enero de 2013 a junio de 2015 (disponible en la web).
De ese monto, a LCCC se le pagaron 127 millones.

El resto del costo total del puente, SCT respondió a través de transparencia que tocó a Banobras el financiamiento total de la obra, debido a que "el Banco Nacional de Obras y Servicios, quien es el operador de los recursos y da el seguimiento correspondiente".
Se solicitó vía transparencia a la SCT los documentos que justificaran los pagos y solo se entregaron las facturas liquidadas a LCCC, pero sin la justificación de los proyectos.
Luego de semanas de lidiar con las oficinas de transparencia de la SCT, se llamó el martes al director de Comunicación Social de la dependencia, Rodolfo González, quien enterado de la temática del reportaje dijo estar fuera del país y transfirió la llamada a su colaboradora Carlota Serna.

Hasta el cierre de la edición Serna no había respondido a las llamadas para aclarar los montos de lo entregado a LCCC o el hecho de que solo haya un contrato sin anexos o ampliaciones, y lo referente a si otras empresas estuvieron involucradas en la obra.

Le pagan "casi" en prisión

En agosto de 2016, mientras las autoridades estadounidenses reunían elementos para detener a Luis Carlos Castillo Cervantes, éste recibía más pagos del gobierno federal por esa obra en Guerrero.
La cronología de los pagos de 2016 inició el 12 de agosto, con 13 millones 891 mil 914 pesos.

El concepto marcado en la factura fue "pago de Estimación Uno BIS por asignaciones derivadas del contrato original de adjudicación directa".
Los siguientes tres pagos están referidos por la SCT con fecha 16 de agosto de 2016, las facturas presentadas por la empresa muestran algunos días de diferencia.
Un pago por 4 millones 999 mil 999 pesos se facturó el 10 de agosto de 2016, bajo el concepto "estimación 01 Ter".

Sin dar mayores detalles sobre las implicaciones o trabajos cumplidos ligados al pago.
Ese mismo día se emitió otra factura con valor de 28 millones 113 mil 279 pesos por una estimación nombrada UNO (sic).

También ese día por la estimación DOS (sic) se facturaron 12 millones 916 mil 914 pesos.
El 31 de agosto de 2016 se liberó otra factura por 5 millones 535 mil 955 pesos, misma que fue pagado por la SCT Guerrero el 19 de septiembre.
El 12 de octubre se pagaron 4 millones 329 mil 465 pesos por la "estimación 1-A", bajo el desglose de presupuesto que tiene que ver con Carreteras Seguras y Eficientes, con una clave de acción prioritaria que tiene que ver con la reconstrucción de puentes.
El detalle del origen de los recursos se desglosa en los papeles, pero ni el contrato ni a factura dan reporte de los trabajos que justifican el recurso.
El 19 de octubre se recibió el último pago por un monto de 8 millones 53 mil 573 pesos, mismos que cubrieron otra estimación relacionada con la obra de Guerrero y con referencia al mismo contrato firmado en 2014.
Según solicitudes a través de la plataforma de transparencia realizadas a la SCT, el contrato con la empresa no tuvo modificaciones o anexos.

Y ninguna otra división de Comunicaciones y Transportes contrató a la empresa de Castillo Cervantes. Aunque se solicitaron los documentos de justificación para la asignación del contrato a la empresa del tamaulipeco, ni la dependencia federal, ni la delegación en Guerrero entregaron la relación de los estudios o documentos con los que se respaldó la asignación de los trabajos a Logística de Comercio.
Sobre la versión de la SCT por la adjudicación directa del contrato del Puente en Guerrero se solicitó el martes por la tarde a la dependencia, pero hasta el cierre de la edición, no se obtuvo respuesta.
Veintitrés días después del último pago hecho por la SCT, el 11 de noviembre de 2016, Luis Carlos Castillo Cervantes fue detenido en Texas.

En el juicio se declaró culpable y en enero de 2017 confesó que entregó sobornos a los gobiernos en turno para ser favorecido en las concesiones de construcción y obras de repavimentación desde 2004 hasta la fecha.