El vicecoordinador político del PT en el Senado, Miguel Barbosa, propuso reformas al Código Penal y a la Ley de Seguridad Nacional, que contemplan penas de seis a 12 años de prisión a quienes cometan espionaje con fines políticos.

En su iniciativa, el legislador planteó también la suspensión de seis a 12 años de suspensión o incluso la disolución de empresas de telecomunicaciones o tecnología que provea los programas informáticos o herramientas tecnológicas a través de los cuales se realice la intervención sin una orden legal.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo que el espionaje con fines políticos debe ser prohibido expresamente en la Ley, por ello se debe clarificar la norma la intervención de comunicaciones que no estén enmarcadas en una investigación penal, policial o de seguridad nacional.

“La violación de esta prohibición debe sancionarse penalmente con mayor eficacia, cuando el seguimiento o intervención busquen obtener información sobre actividades o el ejercicio profesional de defensores de derechos humanos, periodistas, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil”, dijo.

Barbosa también planteó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) establecerá protocolos para realizar el seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas conforme lo que establece la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.