¿Qué han logrado los políticos en prisión con las huelgas de hambre?

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- Agua, miel y limones. La dieta de la huelga de hambre por la que han optado algunos internos en las cárceles de México para ejercer presión a las autoridades penitenciarias.
Esa técnica ahora la aplica el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Reclusorio Norte, en protesta por la forma en que se lleva su proceso y la intervención del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes, pues considera que es una "persecución política".
A menos de 24 horas de anunciar su huelga de hambre en la celda, se ha informado que la decisión de Duarte de Ochoa de no probar alimentos será de manera indefinida.
No es el único.

El 21 de enero, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, anunció formalmente una huelga de hambre al interior del Reclusorio Oriente para exigir que su hijo fuera trasladado del penal de máxima seguridad de El Altiplano a uno me mediana seguridad.
Su objetivo lo consiguió; llamó la atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien mandó a visitadores al centro donde se encontraba para verificar su situación de salud.
Pero no solo fue eso, a los tres días su hijo, Guillermo Padrés Dagnino fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) en Ayala, Morelos.
En mayo pasado, en el penal de El Hongo, en Baja California, alrededor de 300 presos se fueron a huelga de hambre para exigir al gobierno estatal un mejor trato, alimentación y ropa; la Comisión Estatal de Derecho Humanos envió a visitadores.
Mientras que en marzo, internos de Puente Grande, Jalisco, iniciaron una huelga de hambre en protesta por los malos tratos a los que, aseguraron, eran sometidos por las autoridades penitenciarias.
También se mencionó que Edgar Valdez Villarreal La Barbie, se había declarado en huelga de hambre cuando se encontraba recluido en el penal de El Altiplano como protesta por malos tratos.
En octubre de 2011, la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP-F) desmintió lo anterior y aclaró que se trataban de chantajes del recluso para buscar privilegios.