Casa en Xocotla, Veracruz, una población que apoya su economía en el trabajo de los niños en la construcción, quienes son reclutados por contratistas que los asignan a diferentes obras en la Ciudad de México.(Fotos: JUAN PABLO ROMO)

A partir de ese momento sus familias y su comunidad los consideraron aptos para irse a construir casas y edificios a la Ciudad de México. A trabajar.
“Aquí todos los que aguantan ese peso se empiezan a ir para allá”, relató Fermín, actualmente de 16 años y con dos de experiencia trabajando y viviendo en la capital del país, tras- ladándose de aquí para allá en busca de empleo en construcciones, sin contrato y con algún patrón que actúa fuera de la ley.
Desde el momento del levantamiento del bulto hace dos años, ellos —como cientos de menores de edad que salen de zonas pobres de México a la capital— recibieron el apodo de chalancitos, diminutivo de chalán, término común para identificar a un albañil principiante que ayuda a otros.
Han trabajado con empresas que violan las leyes laborales vigentes que fueron anunciadas el 11 de junio de 2015 por el gobierno federal en Ginebra, Suiza, en el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil.
Ahí, México dio a conocer que mediante decreto presidencial prohibió la contratación de menores de 18 años de edad en 12 actividades consideradas “peligrosas o insalubres” para los adolescentes.

En la lista figuran las “obras de construcción”, como en las que se han desempeñado Benito y Fermín.
Sin embargo, para Fermín no hay duda de lo que está decretado en materia laboral en su pueblo: “Ya cuando aguanta uno allá para trabajar, ya se va uno”.
Él y Benito comenzaron en sus labores cuando no llegaban a los 15 años.

Dejaron sus estudios de secundaria y se mudaron a la Ciudad de México, a 320 kilómetros de casa. Ambos personifican la violación de las leyes y son sólo una pequeña muestra dentro del flujo constante de menores que salen de Xocotla antes y después del decreto.
Ruta 35 en alianza con la plataforma de Periodismo Latinoamericano CONNECTAS y con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) reconstruyó de principio a fin el ciclo que comienza en el momento de cargar el bulto de 50 kilos, continúa con la llegada a ciegas a la Ciudad de México y la entrada a un mundo laboral lleno de riesgos, hacinación, estafas y adicciones.
El ciclo termina, en algunos casos, con escenas de chicos que perdieron el uso de la razón: la dependencia a ese tipo de sustancias, según las autoridades locales, se ha convertido en una epidemia entre los adolescentes de esa comunidad veracruzana.
La cadena que se revela, refleja un problema que aún desborda al Estado mexicano.

Aunque los datos oficiales más recientes indican una reducción en el número de afectados, en 2015 había 2.4 millones de niños y adolescentes en tareas que eran consideradas prohibidas o peligrosas por las autoridades.

La cantidad es suficiente para no mirarla de soslayo.
La cuna de los peones
Xocotla, en el municipio de Coscomatepec, con 52 mil habitantes, es una comunidad serrana en la región central de Veracruz, en las faldas del volcán Pico de Orizaba.

Su economía se sostiene del trabajo en la albañilería en la Ciudad de México, que atrae no sólo a adultos sino también a jóvenes que como Benito y Fermín abandonan sus estudios y no aspiran a una vida en el campo o el comercio.

En esas actividades, según sus testimonios, sólo pueden ganar 25% de lo que obtienen al enrolarse en la industria de la construcción.
“Yo estudiaba la primaria, quinto grado, pero aquí no cae chamba”, cuenta Fermín frente a su casa de Xocotla.

“Llegué al Metro Hidalgo, en el centro de la ciudad y desde aquí te dicen a qué parte vas a trabajar. Yo me fui a la colonia Portales, trabajé en un edificio de seis niveles, era chalancito.

Ahí estuve dos meses. No firmé ningún documento. Los patrones me vieron y dijeron a ‘ver si no hay problema’ y ya me metieron a chambear”.
Él y Benito se fueron juntos.

Se los llevó uno de los hombres que cada semana buscan mano de obra en la comunidad. A estos personajes les llaman “contratistas”, aunque no ofrecen contratos formales.
José Luis Montalvo es uno de ellos.

Habitante de Xocotla, comenzó su carrera como chalancito en la Ciudad de México hace 15 años. En ese periodo nunca recibió un contrato legal.

Ahora se dedica a reclutar a otros albañiles para llevarlos a la capital.
Una tarde de domingo, en una esquina de Xocotla, Montalvo explica: “Sí, se llevan a menores de edad.

Ganan mil 400 pesos semanales. Se les hace una constancia de la empresa que no se hace responsable y se ponen a trabajar”. Minutos después, el agente municipal Carlos Martínez Ramos, máxima autoridad de Xocotla, revela que suele recibir peticiones de padres de familia “para deslindar a las empresas de posibles accidentes de trabajo”.
El alcalde de Coscomatepec, Manuel Álvarez Sánchez, dijo a Ruta 35 que en su gobierno se calcula una circulación de 3 mil 500 trabajadores de la construcción que viajan constantemente entre ese municipio y la capital del país, y que la mayoría son de Xocotla.

“La población que se va a la capital oscila entre los 13 y 25 años”, añade el funcionario.
Entre esos grupos que salen cada semana desde distintos puntos del municipio serrano van los menores de edad, sin control oficial.
“Entre los líderes comunitarios hay una red de complicidades”, afirma Hugo González Saavedra, diputado por el distrito XVIII, al que pertenece Coscomatepec.

La cadena informal que los lleva incluye no sólo reclutadores, sino unidades de transporte, espacios para alojamiento y contactos en obras específicas.
Es un negocio irregular con un engranaje que aparentemente funciona bien para todos, pues el objetivo de obtener recursos se cumple.

El precio que pagan los menores por exponerse a un trabajo y un entorno riesgosos, es lo que le roba la calma al pueblo.
González Saavedra, al igual que el alcalde, dijo no tener responsabilidad en el problema ni herramientas para solucionarlo.
Las autoridades de Veracruz tienen las manos fuera y a las compañías constructoras les conviene la llegada de jóvenes porque “saben que vienen a trabajar de verdad y necesitan el trabajo”, según un contratista de la capital del país que habló con Ruta 35.
¿Decreto sin compromiso?
El 11 de junio de 2015, en Ginebra, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, se sentó en una mesa llamada No al trabajo infantil.

Sí a la educación de calidad, junto al Premio Nobel de la Paz y activista contra ese fenómeno, Kailash Satyarthi.
Dice un comunicado del gobierno federal ese día: “El futuro en materia de trabajo infantil depende de la eficacia de las acciones del presente por los niños que serán los protagonistas del México del mañana”, y sigue un fragmento de lo dicho por Navarrete Prida: “Vencer esta batalla significa devolverles el derecho básico de vivir plenamente la infancia y la adolescencia, periodos fundamentales para el desarrollo individual y para lograr su inserción plena en la sociedad”.

Un día después, fue publicado el decreto en México.
Los domingos en Xocotla, a miles de kilómetros de Ginebra, Fermín, Benito y los demás chalancitos siguen su tren de vida.
Es un día en el que la gente suele despertar temprano porque están atentos a don Ricardo Alejo, quien recibe los anuncios de oferta de trabajo en su casa y los vocea con tres altoparlantes que se levantan sobre el techo de la vivienda entre la fría neblina de la montaña.
“Se necesitan cuatro ayudantes.

Contactar con….”, fue una de las ofertas que se difundieron el domingo 22 de enero. Otros anuncios de contratistas corrieron de boca en boca o de celular en celular y antes del mediodía las decisiones estaban tomadas.

Sólo quedaba alistar el equipaje en una mochila y esperar a las camionetas de transporte rural. Aquí comienza la salida en masa desde la sierra.
Alicia Athie, consultora sobre trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que el organismo no ha recibido información específica, pero anticipa una hipótesis basada en su conocimiento del tema: los menores de edad son reclutados por intermediarios que los ponen al servicio de grandes constructores, que usualmente tienen buenas prácticas como empleadores.

En el esquema de Xocotla no se observó una verificación rigurosa del personal reclutado.
En el pueblo hay unas 60 camionetas de transporte rural que los fines de semana se dedican sólo a llevar trabajadores desde sus casas hacia una estación de gasolina, bajan la montaña, donde esperan los autobuses que los llevan a la capital.

A cada camioneta suben 15 personas y hacen hasta dos viajes los domingos. Ningún vehículo tiene permiso oficial.
“Nos distribuimos todos en pirata”, dice Montalvo, el enganchador que lleva 15 años “contratando” niños.
Algunos vehículos, con capacidad para 12 pasajeros se enfilan directo hacia la Ciudad de México.

Mientras tanto, otros se dirigen a distintos puntos cercanos donde los esperan autobuses listos para tomar la carretera.
En la explanada de una estación de gasolina, uno de los puntos de reunión, se encuentran siete autobuses listos con capacidad para 45 pasajeros cada uno.

Al lugar llegan más personas de otras comunidades de Coscomatepec. Lo mismo ocurre en otras áreas estratégicas donde se anuncian salidas a la capital.
A los choferes que esperan en la gasolinera no les gusta que le tomen fotos a sus vehículos ni al embarque de los chalancitos.

Forman un grupo, se tapan el rostro y amenazan, pero aceptan dialogar.
Su actividad no cumple con las regulaciones oficiales. “Los trabajadores son trasladados en líneas fuera de control y no estamos facultados para ordenar la piratería en el transporte público”, asegura el edil Álvarez Sánchez.
“A los camiones los califican como los autobúses del terror”, comentó el diputado González Saavedra.
“Siempre fallan los carros.

Luego se descomponen y algunos quieren arder. Se encierra el humo adentro”, cuenta Benito al recordar un accidente del lunes 4 de julio de 2016 en la carretera hacia la ciudad de Puebla, en el que murieron seis personas.
Fue una mañana en la que 11 albañiles procedentes de Xocotla, que viajaban a sus lugares de trabajo, fueron embestidos por un tráiler.

La mayoría de las víctimas eran parientes, uno era Alfredo Hernández, de 16 años.
Poner el transporte bajo regulación del gobierno aumentaría el precio cerca de 200%, lo que sería un obstáculo para ir a trabajar y afectaría la circulación de dinero en Xocotla.

Los “autobúses del terror”, por lo tanto, son necesarios. La policía municipal vigila mientras los albañiles abordan los vehículos y no cuestionan a los dueños del negocio.
Buscar testimonios directos de los menores de edad se torna complicado en el lugar.

Los chicos saben que su situación supone la violación de leyes por parte de los empleadores, no quieren que les vean hablar con extraños ni arriesgar sus posiciones de trabajo.
La actividad es vista con buenos ojos en Xocotla, porque se ha convertido en un motor para sacar al pueblo de la pobreza.
Los lunes en Xocotla son silenciosos después de que se han marchado las camionetas. Los chicos volverán de visita una, dos o tres semanas después de haberse internado en la Ciudad de México.