Por: Luis Alberto Triana F.
Por ello, en la sesión de Cabildo se aprobó que el Ayuntamiento firme el convenio con la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas.
Lerma Ramos explicó a los regidores el proceso para clausurar un predio de disposición final de basura, todos los regidores votaron a favor de la firma del convenio, que según se estableció será auspiciado por el ayuntamiento y el gobierno estatal solo supervisará.
“Históricamente el predio Las Anácuas siempre ha sido un sitio de disposición final, tiene más de 25 años usándose para disponer allí la basura de la ciudad, tanto la que recolecta la ciudad como mucha del sector comercial”, detalló Lerma Ramos.
El funcionario municipal explicó que desde que se trabaja en apego a la Norma 083 de la Semarnat, que se publicó en el 2003, la cual establece ciertos lineamientos para la clausura.
“No se trata solo de dejar de depositar la basura y ya, se tiene que llevar un proceso de cierre, de clausura como sitio de disposición final y de post-clausura, que debe ser avalado por el Gobierno del Estado a través de la Seduma”, detalló.
Precisó que las acciones que realiza el Ayuntamiento son apegadas a la operación, llevando cobertura con tierra y recubierta que la misma norma exige.
“Llegamos al punto en que ya debemos proceder al cierre y clausura, la clausura se refiere a la cobertura final entonces es necesario hacer un proyecto ejecutivo en el que se identifiquen las acciones y actividades que la norma dictamina para que la Seduma las valide”, explicó.
Reconoció que práctica y legalmente está el Ayuntamiento sujeto a la observación estatal hasta la fase de postclausura, que incluye el destino final del predio.
El Proyecto Ejecutivo debe fijar acciones, agenda de actividades, definir obras, presupuesto para cada una y tener el presupuesto completo.
“No podemos firmar un convenio si no sabemos cuál va a ser el tiempo de realización, cuáles son las obras, cuánto requiere cada obra, y el presupuesto que debe tener”, dijo Lerma Ramos.
De acuerdo a la norma, recalcó, el Estado tiene que estar monitoreando y vigilando las fases y que se cumpla el proyecto.
“La vigilancia del gobierno estatal hasta el final, hasta que se determine que ya no hay un proceso contaminante hacia el ambiente”, apuntó.
El terreno municipal a sanear, dijo, es de 9.8 hectáreas, pero por tantos años de uso el tiradero ha crecido a 14 o 15 hectáreas.
La fase de post-clausura contempla el uso público que se le dará al predio, detalló Lerma Ramos, que puede ser un parque urbano, área verde o cualquier uso que otorgue a la población una compensación por la contaminación generada.