La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acusó negligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y de la Fiscalía General del Estado, para intervenir y rescatar al menos seis personas, retenidas desde el 14 de noviembre en la comunidad de San Juan Atepec.
"Pese a que la Defensoría demandó a la Secretaría General de Gobierno, de Héctor Anuar Mafud; a la Fiscalía, que dirige Rubén Vasconcelos Méndez, y a Seguridad Pública, que encabeza José Raymundo Tuñón, su intervención para que los pobladores liberasen a dos visitadoras y un trabajador auxiliar del organismo defensor que están retenidos en dicho municipio de la región de la Sierra Juárez, las autoridades requeridas mostraron escasa respuesta a la petición", dijo.
En un comunicado, informó que dos días después, un grupo de visitadores del organismo acudió a dicha localidad para dialogar con los pobladores, a fin de convencerlos de dejar en libertad a las personas.
Señaló que sus dos visitadoras y el trabajador auxiliar que las acompañaba fueron retenidos por pobladores de San Juan Atepec desde el martes 14 de noviembre, cuando realizaban la investigación para responder a la queja de un ciudadano que reclamó posibles violaciones a sus derechos humanos motivadas por una disputa comunitaria.
Ante ello, la Defensoría emitió el 14 de noviembre una medida cautelar a la Fiscalía General del estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Segego, a fin de que estas autoridades adoptaran los mecanismos necesarios para salvaguardar la integridad física del personal retenido.
"Sin embargo, uno de los negociadores de la Segego aseguró a la Defensoría que su personal había sido liberado, lo cual era falso", puntualizó.
"La Defensoría considera que, por proporcionar información falsa, el servidor público adscrito a la Segego incurrió en responsabilidad al mentir a la institución y poner en riesgo la integridad de los trabajadores de la Defensoría retenidos, pues los dejó en la indefensión", indica.

Agregó que las autoridades tienen la obligación de salvaguardar y garantizar el derecho humano a la seguridad pública, al libre tránsito y a la seguridad personal de todos los habitantes.
Según una denuncia ciudadana, autoridades y pobladores de dicha comunidad retuvieron a seis personas, entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Defensoría, cuando iban a realizar diligencias a raíz de una agresión y daños a su propiedad, que sufrió.