La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que se evidenció la sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e insuficiencia de personal que imperan en el Cereso
Por la muerte de 28 internos y 22 personas lesionadas ocurridas en una riña el pasado 6 de julio el Centro Regional de Reinserción Social (Cereso) de Acapulco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación dirigida a Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador de Guerrero.

La CNDH señaló que estos hechos violentos evidenciaron las anomalías e irregulares que imperan en ese centro de readaptación, como sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e inadecuada clasificación, así como insuficiencia de personal, lo que impide privilegiar y resguardar el orden y tranquilidad e imposibilita el pleno respeto de los derechos humanos al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, salud y deporte, convirtiéndose en obstáculos para la reinserción social efectiva de los internos.
Además, producto de su investigación, la CNDH observó también la falta de control de las autoridades, existencia de privilegios y cobros por servicios, lo cual genera un ambiente propicio para la proliferación de actos violentos y de corrupción, en los cuales es evidente la participación de internos y personal del servicio público.
"Esta Comisión Nacional considera que esta situación pone de manifiesto el incumplimiento a la obligación del Estado de asegurar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en específico de quienes están privadas de la libertad.

Por su condición de reclusión, la autoridad penitenciaria, al encargarse de su custodia, asume su calidad de garante y en este caso no se tomaron las medidas que permitieran resguardar la vida e integridad de la población interna", indicó.

Por estos motivos, la CNDH solicitó al mandatario estatal tomar medidas conducentes para que, en un plazo razonable, se diseñe un programa integral con estrategias y acciones que permitan consolidar en esa entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, así como instruir que, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, se brinde, en su caso, atención psicológica a los familiares de los internos fallecidos y a los lesionados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió también realizar la clasificación penitenciaria con base en criterios de las normas nacionales e instrumentos internacionales, deberán diseñarse programas para erradicar autogobierno; contar con equipo y tecnología para detectar sustancias y objetos prohibidos; asignar suficiente personal de seguridad y custodia, capacitado en derechos humanos y control de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos.
Además, el organismo recomendó que las autoridades penitenciarias y sus corresponsables tomen en cuenta las observaciones en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y en la Recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como que formulen una política pública integral, a partir de evaluar las necesidades de infraestructura, mantenimiento y equipamiento, mientras se cuenta con un nuevo centro de reclusión, y se asignen los recursos presupuestales, materiales y humanos para garantizar a los internos una estancia digna y segura, evitando sobrepoblación y hacinamiento.
Finalmente, el organismo rector de los derechos humanos en México recomendó al mandatario estatal colaborar con la CNDH en la presentación de la queja y denuncia que promueva ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado, respectivamente, para que investiguen y se deslinden responsabilidades administrativas y penales.