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Aplazan próxima audiencia de “El Chapo” para febrero

La audiencia judicial preparatoria de Guzmán Loera estaba prevista para el 19 de enero, sin embargo el juez Brian Cogan decidió cambiarla para el 15 de febrero
martes, 9 de enero de 2018
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WASHINGTON / EL UNIVERSAL


El juez del caso contra Joaquín Guzmán Loera decidió aplazar la audiencia judicial preparatoria prevista para el próximo 19 de enero -fecha en la que se cumplía un año desde su extradición a Estados Unidos-, una vista que se preveía fundamental ya que se debía determinar si se cambiaba la fecha de inicio del juicio contra “El Chapo”, tal y como pidió la defensa del narcotraficante.
En un breve comunicado y sin dar explicaciones, el juez Brian Cogan pospuso hasta el 15 de febrero la nueva audiencia, lo que provocó que el abogado de “El Chapo”, Eduardo Balarezo, se quejara en un correo electrónico que esta decisión unilateral del juez no permitirá que se decida si se inicia o no el juicio el 16 de abril hasta dos meses antes de la fecha programada para el inicio del juicio por 17 delitos que enfrentará Guzmán Loera ante la justicia estadounidense.
Balarezo, en una reciente conversación con EL UNIVERSAL, había explicado que tomó la decisión de pedir el cambio de inicio de juicio para agosto o septiembre de este año para poder tener más tiempo para analizar los miles de documentos y evidencias del caso.
La fiscalía, que en un principio propuso un aplazamiento mínimo hasta junio, no se mostró contraria a moverlo hasta finales de verano, por lo que la decisión final resta en manos del juez Cogan.
Por otra parte, la fiscalía solicitó el pasado fin de semana que el jurado que tendrá que determinar la culpabilidad o no de “El Chapo” sea “anónimo y parcialmente aislado”, medidas que deberían garantizar su imparcialidad y evitaría posibles “acosos, intimidaciones u otra interferencia” e incluso daños, con el fin de “mitigarles cualquier miedo” a expresar su opinión.
Tal y como defiende el gobierno de Estados Unidos en su memorando apoyando esta medida, Guzmán Loera tiene un “historial de interferencia en los procesos judiciales” que obligarían a aplicar medidas extraordinarias de protección a las personas que formen parte del jurado.



 

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