La Fiscalía General de Quintana Roo buscará que el ex gobernador Borge enfrente las acusaciones por presunto peculado, aprovechamiento ilícito y ejecución indebida de la función pública. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, dijo que son tres las opciones que analizan a través de las cuales podrían obtener la declaración del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, ubicado también por las autoridades como Roberto “N”, ante las acusaciones que pesan en su contra en el estado por delitos del fuero común y que son por presunto peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
En entrevista, explicó que se podría obtener la declaración directamente en Morelos, donde permanece recluido, ante un juez de control vía exhorto, a través de medios electrónicos con la colaboración de los jueces de Chetumal o bien, buscar su traslado a Chetumal para que declare, para lo cual se solicitaría la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad y posteriormente, devolverlo donde actualmente está recluido.
“Las acciones están siendo analizadas y tomadas en cuenta por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia, y oportunamente se dará a conocer para que se enteren de estas tres órdenes de aprehensión que aún no se han ejecutado.

Se hará lo que más convenga, no tenemos plazo, tomaremos la mejor decisión”, señaló.
Recordó que la única carpeta administrativa hasta ahora es del orden federal.
Dijo que están en proceso más de 18 órdenes de aprehensión a diversos ex funcionarios que participaron en el gobierno de Borge.
“Estamos trabajando en todo los sentido y atentos a otras denuncias que pudiera presentar la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría”, advirtió.
El ex gobernador enfrenta cuatro causas penales, una del fuero federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en el fuero común por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
Hacienda los investigó.

Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, y su madre, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, fueron requeridos por las autoridades hacendarias y penales en diversas ocasiones pero las ignoraron.
Durante la investigación realizada por la Procuraduría General de la República por el remate de bienes propiedad del estado de Quintana Roo, para beneficiar a Borge y sus allegados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó auditorías al ex mandatario en las que encontró discrepancias entre sus gastos y los ingresos que declaró.
La autoridad hacendaria intentó en diversas ocasiones realizar visitas de revisión a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, y aunque le dejó diversos citatorios, nunca estuvo presente para atender a los visitadores bajo el pretexto de que se encontraba de viaje.

Durante la audiencia inicial en la causa penal número 381/2017, la PGR imputó a Borge Angulo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y requirió al juez de control fijar la medida de prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.
Entre los argumentos de la PGR para lograr la imposición de tal medida, que actualmente cumple el ex gobernador en el Ceferepsi de Morelos, señalaron que desde abril de 2017 fue librado un citatorio por parte del Ministerio Público Federal para que el ex mandatario acudiera a rendir declaración por las denuncias de lavado de dinero en su contra.
Según la carpeta de investigación, Borge tenía conocimiento de la existencia de ese citatorio y no acudió, por el contrario, en esa época se encontraba viajando por países como España, Cuba y Estados Unidos.