El ex Mandatario acudió este miércoles a una audiencia. Foto: Archivo

Un juez federal condenó esta noche a Javier Duarte a nueve años de prisión y a una multa de 58 mil 890 pesos luego que se declarara culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, también decretó el decomiso de 41 propiedades a favor de la Federación, entre ellas 21 predios en Campeche, 4 departamentos en Ixtapa y 9 inmuebles en la CDMX, incluidos 3 departamentos en Bosques de Santa Fe, 1 edificio en Lomas de Chapultepec y 2 departamentos en Polanco.
El juzgador al mismo tiempo amonestó al ex Gobernador de Veracruz para que no vuelva a incurrir en un delito y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo en que permanezca en prisión.
La Procuraduría no reclamó la reparación del daño, en virtud de que los delitos imputados no lo tienen previsto; los fiscales federales presentes en al audiencia también retiraron su solicitud de inhabilitar a Duarte por el mismo plazo de su condena.
Durante una audiencia de cinco horas de duración, a la que el ex priista llegó con un procedimiento abreviado previamente negociado con la PGR, el juez le inquirió si aceptaba su plena responsabilidad en los ilícitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Fuerte Tapia le advirtió que, de aceptar la comisión de los ilícitos, no tendría derecho a ningún beneficio legal, como es la conmutación de la pena.
"¿Admite usted su responsabilidad en los delitos que le imputan?", preguntó el juez.
"En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí, su señoría", respondió Duarte.
"Repito la pregunta, ¿acepta su responsabilidad en los delitos?".
"Repito, sí, su señoría", contestó el ex Mandatario, quien en la audiencia apareció vestido con el uniforme de reo color caqui, barba larga y rapado.
Originalmente, este miércoles tendría lugar una audiencia intermedia en la que se presentarían las pruebas a favor y en contra del ex Gobernador de Veracruz.
Sin embargo, desde el pasado 17 de septiembre, Duarte entregó un escrito a la PGR en el que solicitó un procedimiento abreviado con el que buscaba evitar el juicio, aceptar su responsabilidad y obtener a cambio un beneficio en la reducción de las penas.
El mismo día, Felipe Muñoz Vázquez, Subprocurador de Delitos Federales, aceptó conceder el procedimiento abreviado, lo que implicó que la PGR planteara al juez Fuerte Tapia una condena mínima por cada uno de los delitos y una reducción adicional a esas penas.
Las penas mínimas tanto para el lavado de dinero como para la asociación delictuosa son de cinco años de cárcel, lo que en conjunto significaba una pena de 10 años.

A este castigo, la PGR sólo restó una décima parte de la duración, aunque la ley permitía una reducción de hasta una tercera parte.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, Duarte podrá solicitar su libertad bajo supervisión cuando cumpla la mitad de sus nueve años de condena.
Ese tiempo incluye el año y 5 meses que lleva preso, por lo que estará en posibilidad de pedir ese beneficio dentro de tres años y un mes.

La decisión de concederlo tocará a un juez federal de ejecución.
Para condenarlo, el juez Fuerte Tapia consideró un total de 47 datos de prueba ofrecidos por la Procuraduría, entre ellos algunos testimonios novedosos de personajes que de manera tácita también aceptan haber participado o al menos atestiguado los ilícitos del veracruzano.
Entre estos testimonios se encuentran el del ex diputado federal Antonio Tarek Abdalá, el presunto prestanombres Rafael Gerardo Rosas, el contador hoy preso Rafael Nava Soria y José Antonio Bandin Ruiz, quien también ha sido señalado como testaferro del ex Mandatario.
El juez Fuerte Tapia precisó que a la fecha Javier Duarte lleva 434 días privado de su libertad, ya que fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, y estableció que a su condena deberá descontarse esta cantidad de tiempo.

Por tanto, ésta fenecerá hasta el 15 de abril de 2026.
Adicionalmente, el juez informó a la PGR y a la defensa de Duarte que tenían 5 días para impugnar la sentencia.
La PGR manifestó que renunciaba a ejercer esta prerrogativa, con el propósito de que la condena quedara firme, sin embargo, tanto la defensa del sentenciado como la Secretaría de Hacienda rechazaron renunciar a ese derecho.