Impugna PGR legislación de Tabasco

Agencia / Reforma
Cd. de México (17 noviembre 2018).- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite acciones de inconstitucionalidad que impugnan una reforma a las leyes de obras y adquisiciones de Tabasco, que eliminó las licitaciones en "proyectos estratégicos" para facilitar la construcción de una refinería en Dos Bocas, prometida por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Las acciones fueron presentadas por la PGR y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, que alegan violaciones al artículo 134 de la Constitución, según el cual la licitación pública es regla general para las compras y obras de todos los niveles de Gobierno, sobre todo las de mayor presupuesto.

Una vez admitidas las acciones, el Congreso y el Ejecutivo de Tabasco tendrán que defenderse ante la Corte, donde se requerirá el voto de al menos ocho Ministros para invalidar la reforma, probablemente en el segundo semestre de 2019.

Publicada el 13 de octubre, la reforma a las leyes de Tabasco fue impulsada por la bancada de Morena en el Congreso local, y es aplicable solo a las contrataciones que realice el gobierno estatal, no a las que eventualmente deberá hacer Pemex para concretar el proyecto de la refinería, valuado en 150 mil millones de pesos.

La admisión de las acciones en la Corte no suspende la vigencia de la reforma y, de hecho, ya hay trabajos preparatorios en el sitio planeado para la obra.

Los diputados morenistas fueron claros en que la idea es apoyar la refinería y, en general, "la visión establecida por el Lic. Andrés Manuel López Obrador para conseguir gasolina y luz eléctrica más barata acorde a las necesidades de la población, además que estas inversiones traerán consigo más y mejores empleos para los tabasqueños", según la exposición de motivos.

Pero la reforma va más allá de la refinería, pues permite no licitar cuando se trate de "proyectos estratégicos que detonen el empleo y la infraestructura", de proyectos de Pemex y CFE, y de contrataciones para garantizar la seguridad interior, la seguridad pública y la reinserción social, es decir, las cárceles.

Además, se faculta al Gobernador, que a partir del 31 de diciembre será el morenista Adán Augusto López, para ordenar adjudicaciones directas en este tipo de proyectos.

"Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias", ordena la Constitución.