Organizaciones resaltaron que programa de estancias infantiles para madres trabajadoras beneficia principalmente a padres de bajos recursos que estudian o trabajan. Foto: Archivo

Agencia/Reforma

Cd. de México (15 febrero 2019).- Organizaciones de la sociedad civil defendieron la permanencia de estancias infantiles al señalar que si se eliminan se vulnerarían derechos infantiles y se afectaría a familias de bajos recursos.

A través de un posicionamiento en relación a la eliminación del programa de estancias infantiles para madres trabajadoras impulsado por el actual Gobierno, resaltaron que éste beneficia principalmente a padres de bajos recursos que estudian o trabajan.

Se refirió que éstas reciben un subsidio mensual de 950 pesos por niña o niño; y de mil 800 pesos para cada infante con discapacidad; y están sujetas a la supervisión, acompañamiento y capacitación brindada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Activistas consideraron que es equívoca su sustitución por un programa de transferencias directas no condicionadas a madres y padres de familia antes beneficiarios

Recordaron que de acuerdo con la Observación General Número 7 del Comité de los Derechos del Niño, los Estados y el artículo cuarto de la Constitución mandatan que en todas las decisiones y actuaciones del Gobierno se vele y cumpla con el principio del interés superior de la niñez, al garantizar de manera plena sus derechos.

Contrario a ello, consideraron que la iniciativa de la Administración de Andrés Manuel López Obrador asume que la responsabilidad del cuidado infantil es un asunto del ámbito doméstico y privado; y no de interés público y corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y la familia.

Se especificó que se espera que el destino de la transferencia sea el pago de servicios privados o comunitarios de cuidado (las mismas estancias, pero ahora privadas del acompañamiento, supervisión, capacitación y responsabilidad del Estado), o bien, una compensación a abuelas/abuelos y familiares por asumir las tareas de cuidado.

"El Estado no puede claudicar de esta responsabilidad", es el llamado.

Y alertaron sobre diversos riesgos que implica eliminar el programa de estancias infantiles.

Tales como que peligre la actual oferta de servicios de cuidado y adecuado desarrollo para niñas y niños sin seguridad social; ante el escenario de que las estancias infantiles, privadas y comunitarias que hoy les prestan servicios cierren operaciones debido a la disminución de la asistencia de niñas y niños, particularmente los mayores de tres años, quienes a partir de los cambios anunciados al programa ya no serán beneficiados.

Se pone en riesgo la vida, se agregó, la seguridad y el adecuado desarrollo de infantes más pobres, frente a cuidados de mala calidad provistos por instituciones o personas sin la debida capacitación, supervisión y acompañamiento.

Se deja en manos del mercado las alternativas de cuidado infantil para las familias que tienen menor capacidad de pagar un servicio de calidad; lo que incrementa la brecha de desigualdad, en específico de género, se dijo.

Se olvida que en el proceso de socialización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes la convivencia y los aprendizajes entre pares son centrales para su desarrollo integral.

Aseguraron que eliminar el programa perjudica a las familias en hogares nucleares, ampliados y compuestos al imponer una carga adicional sobre las mujeres, adolescentes y niñas del hogar por la falta de opciones de cuidado formal, además de imponer a adultos mayores de las familias en pobreza una carga de responsabilidad que, de acuerdo a la evidencia, podría tener efectos negativos sobre su salud física y mental.

Entre los representantes de la sociedad civil firmantes se encuentra David Eduardo Calderón Martín del Campo, Mexicanos Primero; Aranzazu Alonso Cuevas, Coordinación del Pacto por la Primera Infancia; José Ángel Fernández Uría, Early Institute; José Ángel Fernández Uría, Early Institute y 13 Integrantes del Consejo Consultivo del SIPINNA.