Conforme cifras de Global Detention Project, México se colocó el sexenio pasado en segundo lugar mundial en materia de detenciones migratorias, sólo por debajo de EU. Foto: Tomada de @senadomexicano

REFORMA

Cd. de México (26 febrero 2019).- Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por primera vez en la historia, el Gobierno mexicano retuvo y expulsó más migrantes en tránsito que Estados Unidos, concluye un informe de organizaciones civiles y autoridades internacionales.

El estudio "La detención migratoria: análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público" reprueba la política de la Administración anterior por el aumento de detenciones de migrantes, la violación a sus derechos humanos y la opacidad con la que se manejó el gasto público destinado a esa materia.

"La que culmina ha sido una Administración que consolidó una política de detención como regla, que ha expulsado a más migrantes a Centroamérica que los mismos Estados Unidos, que renunció a garantizar condiciones decorosas de privación de la libertad en las estaciones migratorias y que hizo un manejo inadecuado y opaco del gasto", señala el informe elaborado por Sin Fronteras, Fundar y Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal).

Advierte que, de 2013 a 2017, se registraron 686 mil 545 detenciones, de las cuales, 18 por ciento fueron de menores de 18 años, esto es, la quinta parte del total.

Además, conforme cifras de Global Detention Project, México se colocó el sexenio pasado en segundo lugar mundial en materia de detenciones migratorias, sólo por debajo de Estados Unidos.

"Estos datos son importantes porque son evidencia de que México está transformando su condición de país de tránsito a la de país de intercepción de migrantes", afirma.

"El sexenio marcó un hito al consolidar la detención de personas migrantes como una regla para todos los casos de personas en situación migratoria irregular, sin un análisis previo eficiente capaz de dar respuesta a las personas que requieren algún tipo de protección del Estado Mexicano".

En cuanto a las expulsiones, expone que, de 2013 a 2017, del universo de las personas detenidas, se devolvió a 604 mil 355 migrantes a sus países de origen, lo que equivale al 88 por ciento del total.

El informe agrega que, por primera vez, una cantidad "abrumadora" de infantes fue devuelta a sus países desde México.

Observa que, tras la implementación del Plan Frontera Sur, se inauguró un periodo marcado por las detenciones y expulsiones con el argumento de la "salvaguarda" de los migrantes.

"Con la justificación de la seguridad y la protección ante el peligro generalizado de las rutas migratorias, comenzaron los llamados 'operativos de rescate', una cortina de humo para detener y expulsar a miles de personas migrantes", critica el estudio.

El reporte advierte, además, irregularidades en el procedimiento de detención, como el hecho de que el 32 por ciento de los migrantes en tránsito fueron detenidos por agentes de corporaciones distintas al Instituto Nacional de Migración (INM), como policías de varios niveles y elementos de las Fuerzas Armadas.

Añade que, conforme a la ley mexicana, la Policía Federal sólo está facultada a actuar en esta materia a petición del INM, por lo que no puede realizar de manera independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria.

Advierten opacidad en política migratoria con EPN

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Instituto Nacional de Migración (INM) tuvo recursos millonarios sin que ello reflejara en el mejoramiento de las estaciones migratorias y en el trato a las personas ahí retenidas, advirtió también el estudio.

El informe "La detención migratoria: análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público", advierte que el gasto ejercido por el INM es desordenado y opaco.

De 2014 a 2018, el INM ejerció un gasto de entre 4 mil millones y 5 mil 300 millones de pesos de recursos provenientes tanto del Presupuesto de Egresos como del cobro de derechos por trámites migratorios.

Ello, sin embargo, no ha redundado en el mejoramiento de la política migratoria, pues, advierte el estudio, han aumentado las denuncias por carencias de los centros de detención y violaciones a los derechos humanos cometidos contra los migrantes.

Señala que se destinan cantidades millonarias a gasto corriente y publicidad oficial; por ejemplo, en 2016, indica, el INM erogó más de 35 millones de pesos a campañas de comunicación, y estima que se gastan 23 millones de pesos en el pago de salarios de 71 funcionarios.

"El informe nos demuestra que coordinar y mantener las 58 estaciones migratorias y estaciones provisionales representa un gasto enorme, con el cual sólo se ha logrado brindar a las personas migrantes detenidas condiciones de vida indignas, incluso degradantes.

¿Cómo es posible que tanto gasto no resulte en mejores condiciones?", plantea.

"El informe nos dota de dos explicaciones convincentes: esto se debe tanto al carácter del gasto (el sistema invierte en la infraestructura, el mantenimiento, la limpieza, la seguridad, etc., en vez de hacerlo en la calidad de vida de las personas detenidas), como a su forma ineficiente y opaca de ejecución".

El documento denuncia que existe poca información certera sobre lo que se gasta en la detención migratoria, lo que obstaculiza exigir medidas para mejorar las condiciones de reclusión de las personas.

"Los documentos públicos sobre el presupuesto del INM no cuentan con el desglose necesario por la naturaleza de la información presupuestaria y también porque el INM no cumple con sus obligaciones de transparencia establecidas en la ley", denuncia.

El informe advierte que las condiciones de reclusión de los migrantes son tan graves y anómalas que se parecen a las que padecen los reclusos en cárceles por violaciones de tipo penal.

"Las condiciones operativas y materiales nos permiten sostener que la privación de la libertad por condición migratoria irregular guarda grandes similitudes con la privación de la libertad por la comisión de un delito, y que los costos de mantener esta política de detención resultan elevados, tanto por su poca efectividad como por su alejamiento de los estándares internacionales de respeto irrestricto a todas las personas en su calidad humana", reza el documento.