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Ven retroceso en derechos de las mujeres

ONGs pidieron al Gobierno que las decisiones de política pública tomen en cuenta la justicia de género, la transparencia, la participación amplia de la sociedad y la capacidad institucional. Foto: Archivo
Organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por el posible retroceso de los derechos de las mujeres por las decisiones que el nuevo Gobierno federal ha tomado en sus primeros 100 días respecto a estancias infantiles y refugios para víctimas de violencia.
miércoles, 13 de marzo de 2019
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Agencia/Reforma
Cd. de México (13 marzo 2019).- Organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por el posible retroceso de los derechos de las mujeres por las decisiones que el nuevo Gobierno federal ha tomado en sus primeros 100 días respecto a estancias infantiles y refugios para víctimas de violencia.

A través de un comunicado, Oxfam y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), que promueven políticas para combatir la desigualdad de género, afirmaron que estas medidas revelan procesos de poca transparencia en la toma de decisiones, falta de sustento y nula participación de comunidades afectadas y personas expertas.

Ambas organizaciones pidieron al Gobierno que las decisiones de política pública tomen en cuenta la justicia de género, la transparencia, la participación amplia de la sociedad y la capacidad institucional.

Esto con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres, fortalecer el acceso a cuidados de calidad y atención a la niñez, y en general, no retroceder en cuanto a los derechos de las mujeres, sostuvieron.

También propusieron que se asegure el funcionamiento de estancias infantiles y refugios, en tanto se realizan mejoras a las políticas y programas de atención dirigidos a la protección y garantía de los derechos de las mujeres y de la infancia.

Expusieron que las mejoras a estos programas deberán incluir evaluaciones periódicas y medición de impacto, así como contar con un modelo de participación de las organizaciones, la ciudadanía y los grupos y comunidades afectadas.

Además, exhortaron al Gobierno, en sus tres niveles, a abrir espacios de diálogo para identificar la brecha de atención y la capacidad institucional requerida para diseñar programas, políticas y acciones que cuenten con financiamiento y una ruta crítica para fortalecer la capacidad del Estado en la provisión de servicios de cuidado y atención a la violencia de género.

También exigieron cumplir con la obligación de implementar un sistema público de cuidado, así como establecer medidas de protección para las mujeres que viven violencia y sus hijos e hijas.

 

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