Urgen redefinir estrategia de seguridad

Antonio Baranda
Agencia/Reforma
Cd. de México (22 mayo 2019).- La Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno federal se queda corta, por lo que urge redefinir sus acciones para no caer en los errores del pasado, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano.

Al presentar el estudio "Cimientos de las políticas de seguridad", la organización sostuvo que esa estrategia también tiene inconsistencias, lagunas y distintas áreas de oportunidad.

Francisco Rivas, director del Observatorio, sostuvo que la estrategia no aborda, o trata de modo superficial, temas prioritarios como la procuración de justicia o la violencia contra mujeres y periodistas.

"Ante la gravedad del problema de inseguridad y violencia, y la insuficiencia de la política de seguridad, urge redefinir las estrategias propuestas para evitar incurrir en errores del pasado", expuso.

Rivas mencionó que la estrategia, recientemente aprobada por el Senado y publicada en el Diario Oficial, tiene lagunas, como las acciones que se implementarán para fortalecer el sistema penal y combatir el secuestro.

"En la estrategia, el objetivo de erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia ignora la reforma al sistema de justicia penal, no menciona medidas para fortalecer la Fiscalía General de la República ni las procuradurías estatales", se lee en el informe.

"Las estrategias presentadas (en estos temas) son superficiales e insuficientes para reducir la impunidad.

Además, no hay una sola alusión a las agresiones contra periodistas o defensores de derechos humanos".

En presencia de Leonel Cota, subsecretario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rivas además observó que en el tema de migración hay una ambigüedad discursiva entre la estrategia y el Plan Nacional de Desarrollo.

Mientras la primera señala que hay flujos migratorios descontrolados que representan una amenaza o riesgo, el segundo reconoce la contribución de las personas migrantes al desarrollo de los países.

"¿Cuál visión prevalecerá en el ejercicio de la política migratoria?", se cuestiona en el documento.

El Observatorio también hizo notar que no existe certidumbre en el mando de las coordinaciones estatales, y que no es claro el nivel de prioridad de la violencia contra las mujeres, pues sólo hay dos propuestas generales.

Entre otras cosas, recomendó hacer públicos los informes de las coordinaciones estatales; transparentar la metodología de regionalización, e impulsar acciones que fortalezcan la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Asimismo, aclarar cuáles van a ser los alcances y metas de la seguridad a nivel nacional, y empujar una política de prevención del delito y la violencia focalizada y con participación ciudadana.