El Norte

Agencia / Reforma

Monterrey, México (14 junio 2019).- Las extorsiones a negocios, principalmente con cobros de piso, aumentaron en un 700 por ciento en Nuevo León entre el 2011 y el 2018.

Ruth Georgina Ornelas Esquinca, consultora independiente en temas de seguridad, mercados ilícitos y economía, señaló que en ese periodo la tasa de extorsiones aumentó de 1.27 a 10.11 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La estadística oficial indica que en el 2011 se denunciaron 61 extorsiones en la entidad, y al cierre del 2018 se contabilizaron 536.

Aunque en el 2018 se registró un decremento en comparación con los dos años anteriores, la incidencia siguió estando en niveles alarmantes, y así continúa en el 2019.

Además, estas cantidades no reflejan la realidad, porque el delito de extorsión tiene una alta "cifra negra", que corresponde a casos no denunciados.

"Nuevo León fue el estado en donde más subió el número de extorsiones del 2011 al 2018", recalcó Ornelas, "de ahí le siguieron Baja California Sur, Zacatecas y Colima".

Explicó que las regiones económicas prósperas están bajo ataque permanente, pero tanto la autoridad como el sector privado deben actuar para desincentivar las extorsiones.

"Una de mis propuestas", expuso, "es que se deberían establecer unidades especializadas contra las redes de extorsión. Y para que exista una red es porque hay alguna o varias autoridades involucradas".

Gabriel Chapa Muñoz, presidente de la Canaco de Monterrey, afirmó que las empresas locales destinan alrededor del 2 por ciento sus ventas totales a combatir la inseguridad.

Ayer, el Banco de México señaló que la inseguridad se ha convertido en el principal obstáculo para el crecimiento en los próximos seis meses, según su "Reporte sobre las economías regionales", de enero-marzo de 2019.

En la Ciudad de México, el director general de Investigación Económica del Banxico, Daniel Chiquiar Cikurel, dijo que en todas las regiones del País hubo un aumento importante en la percepción de que los problemas de inseguridad pública podrían afectar el crecimiento de la actividad económica.