Pone SCJN punto final al caso de Chivas

Víctor Fuentes Reforma
Cd. de México (10 julio 2019).- La Suprema Corte de Justicia cerró hoy, en definitiva, un litigio de más de 13 años que buscaba revertir la transformación de las Chivas de Guadalajara en una sociedad anónima, tras la compra realizada por el empresario Jorge Vergara.

La Segunda Sala de la Corte rechazó, sin mayor debate, el último recurso de Rodolfo Stettner Hernández y Daniel Higareda Magaña, dos miembros de la asociación civil que en 2005 promovieron un amparo para tratar de anular la venta a Vergara.

Los Ministros no hicieron pronunciamiento alguno sobre el caso, sino que se limitaron a confirmar un acuerdo dictado en 2018 por el entonces Presidente de la Corte, Luis María Aguilar, quien desechó por improcedente una solicitud de Stettner e Higareda para intervenir.

Ambos quejosos ganaron en marzo de 2009 un amparo que ordenó cancelar el registro de la conversión de la asociación civil en sociedad anónima en el Registro Público de la Propiedad de Jalisco--por falta de un documento rutinario que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores--, así como la trasmisión de dos marcas que eran de la A.C.

en favor de la S.A., inscritas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Stettner e Higareda alegaban que este amparo anulaba todos los actos posteriores a dichos registros, por lo que la A.C.

debía "ser restituida en todo lo que de hecho y por derecho le pertenece y constituye su patrimonio", es decir, recuperar al equipo de futbol.

El reclamo de los quejosos, en realidad, ya había sido rechazado en múltiples sentencias dictadas entre 2011 y 2018 entre por el Primer y Segundo tribunales colegiados administrativos del Tercer Circuito en Zapopan.

Ambos resolvieron, repetidamente, que el amparo no tenía el efecto de devolver las Chivas a la AC, ni de cancelar todos los registros marcarios inscritos después de 2005 por la administración de Vergara.

Como último recurso, los quejosos promovieron en 2013 un incidente de inejecución de sentencia, que tomó casi seis años para ser resuelto, debido a conflictos al interior de los tribunales colegiados de Jalisco.

En abril de 2018, el Segundo Tribunal Colegiado declaró improcedente el incidente de inejecución, pues los amparos ya habían sido cumplidos por el IMPI y el Registro Público de la Propiedad, y no había desacato.

Los abogados de Stettner e Higareda intentaron llevar el incidente a la Corte, que no tiene atribuciones para revisar una sentencia como la que dictó el tribunal colegiado, por lo que su petición fue rechazada, primero por el Ministro Aguilar, y hoy por la Segunda Sala.

"Es del todo improcedente la solicitud de los quejosos, ya que pretenden que este Alto Tribunal reasuma su competencia originaria para revisar la determinación del tribunal colegiado, lo cual, desde luego, carece de todo fundamento jurídico", afirmó la Corte.