Lorenzo Córdova, presidente del INE. Foto: Twitter

Cd. de México (18 septiembre 2019).- Consejeros electorales reclamaron al Órgano Interno de Control (OIC) publicar en su informe semestral presuntas anomalías u observaciones en el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE), pues, argumentaron, son auditorías incompletas que solo dañan la imagen del organismo.

"La lectura de este documento provocó una serie de desinformaciones. Cumplir con la obligación de transparencia significa informar, pero informar bien, de manera completa, no parcial, porque eso redunda en una práctica contraria que solo genera desinformación", apuntó el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova.

Consideró que entregar el documento a la Cámara de Diputados desde la primera semana de septiembre, antes de presentarlo al Consejo General, motivó interpretaciones "sesgadas" sobre auditorías que están en curso y cuyas observaciones se están solventando.

El OIC entregó este miércoles a los consejeros el informe preliminar de las auditorías 2019 en el primer semestre, en el que se señalan al menos 50 presuntas anomalías en la aplicación del gasto de 2018 y 2019.

Por ejemplo, en el documento se asegura que no se ubicaron en el sistema 320 unidades; no se aplicaron penas y deducciones por 8.8 millones a las empresas de servicio limpieza; se gastaron 9.9 millones de pesos en asesorías a pesar de que el organismo tiene en su estructura personal que hace ese mismo trabajo.

Sobre el voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero se duda de su eficiencia y rigor, pues solo se han expedido credenciales para un millón de connacionales; además, se pagaron 3.6 millones de pesos para el envío de mensajes de texto y otros 1.5 millones de pesos en 27 videos, pero no están en la lista de spots producidos por el Instituto.

En los órganos desconcentrados --consejos y juntas en los estados-- se aceptaron rentas de vehículos por 1.1 millones sin comprobantes; en Querétaro se contrataron servicios por 3.5 millones de pesos sin respetar los procesos normativos; y en Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Ciudad de México se dieron adjudicaciones directas cuando debían ser licitaciones.

Incluso se acusa irregularidades en la remodelación de sanitarios en las oficinas de Tlalpan, en las que se gastaron 13.3 millones de pesos, pues se afirma que no cumplen con las normas técnicas ni con el reglamento de construcción de la Ciudad de México.

Además, se gastaron 31 millones de pesos en el fortalecimiento de la confianza ciudadana y acceso a la información y protección de datos personales, pero existen deficiencias en sus campañas.

Los consejeros Claudia Zavala y Enrique Andrade afirmaron que esas observaciones se han ido solventando, por lo que el OIC no debió agregarlas en su informe y tenía que mantenerlas en "secrecía" hasta que diera un dictamen final, en diciembre.

"Carecen de un sustento por el propio funcionamiento que debe tener un órgano de control (algunas observaciones). El informe previo tiene que darnos cuenta de cómo se están llevando a cabo las auditorías, pero no puede pronunciarse hasta la conclusión de las auditorías porque se genera una percepción diferente de lo que es el estado de las cosas", reclamó la consejera durante la sesión del Consejo.

Los consejeros aseguraron que la redacción del documento provoca perjuicios a los involucrados y a la institución entera.

"Pareciera ser que las auditorías que están en curso ya arrojan alguna responsabilidad (cuando no es así). Y esto, desde luego, no ayuda al crédito de la institución o al prestigio del funcionamiento del Instituto", dijo Andrade.

El informe dio pie al diputado Alejandro Viedma, representante de Morena, a advertir que el INE sí puede reducir sus gastos, pues los recursos no se están aplicando de manera eficiente.