Arranca en Florida ley contra migrantes
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La ley contra las llamadas ciudades santuario, aunque en Florida no hay ninguna, operará casi por completo tras el fallo adverso de una jueza de Miami, luego de una demanda presentada por organizaciones civiles.
martes, 1 de octubre de 2019
EFEMiami, Estados Unidos (01 octubre 2019).- Una ley que castiga a jurisdicciones que protejan indocumentados, y que obliga a las autoridades locales a colaborar con Inmigración y sus órdenes de detención prolongada con objetivos de deportación, entró en vigor en Florida sin que procesos legales pudieran impedirlo.
La ley contra las llamadas ciudades santuario, aunque en Florida no hay ninguna, operará casi por completo tras el fallo adverso de una jueza de Miami, luego de una demanda presentada por organizaciones civiles.
La juez Beth Bloom mantuvo a última hora del lunes la mayor parte de la nueva ley y bloqueó únicamente que las policías locales ayuden a transportar migrantes a través de las fronteras estatales a pedido de las autoridades federales.
La demanda fue presentada en julio pasado contra el Gobernador Ron DeSantis al considerar inconstitucional la ley aprobada este año por el Legislativo de Florida.
Las organizaciones civiles consideran que la medida obliga a la Policía local a actuar como agentes ilegales del Servicio de Inmigración (ICE, en inglés) en violación de la cláusula de supremacía de la Constitución y evita que los gobiernos locales promulguen políticas necesarias para la seguridad pública.
La demanda, interpuesta también por la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), pedía a la corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de las polémicas órdenes de detención solicitadas por ICE.
Estas órdenes buscan que los indocumentados se mantengan en las cárceles para deportación, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.
DeSantis firmó a mediados de junio la SB 168 a pesar de la oposición de los activistas que emitieron en abril una alerta de viaje a Florida por la posibilidad de un aumento de casos de discriminación racial, detención injusta y deportación por esta ley y de las posibles consecuencias económicas que pudiera tener.