Defiende AMLO intervención de comunicaciones

Agencia / Reforma
Cd. de México (17 octubre 2019).- Cuestionado sobre si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) puede intervenir comunicaciones privadas de defraudadores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es un medio legal estipulado en la Constitución por ser un delito grave.

"Yo no estoy tan consciente de que eso aplique sólo para las factureras, creo que es para todo lo que tiene que ver con delitos graves.

"Creo que es un medio legal que está en la Constitución para el combate a la corrupción, para el combate al robo de combustible, para feminicidios, todo lo que está en el Artículo 19 de la Constitución.

Va a derivar que puedan utilizarse medidas de inteligencia, que no de espionaje, en el caso que fuese así", señaló en conferencia matutina.

El Mandatario federal consideró que el tema de la defraudación se está "sobredimensionando" al decir que se quiere aplicar un "terrorismo fiscal", como han acusado algunos miembros de la IP.

"Es que están sobredimensionando, están queriendo llevar las cosas a que es terrorismo fiscal, 'ay que miedo'.

El que nada debe nada teme. Puede haber cárcel o pena perpetua para corruptos, para quienes evaden impuestos o no cumplen con sus contribuciones, para quienes hacen fraude electoral, pero si un ciudadano no es corrupto, si un ciudadano paga sus impuestos, si no es huachicolero, si no es mapache electoral, ¿qué le puede importar que haya pena perpetua? Ahora, si están en malos pasos, pues sí", dijo el tabasqueño.

Grupo REFORMA publicó hoy que al incluir la defraudación fiscal en el catálogo de delitos de la delincuencia organizada, el Gobierno abrió la puerta para que, vía autorización judicial, el CNI, antes conocido como Cisen, intervenga comunicaciones privadas de defraudadores.

La Cámara de Diputados aprobó el martes reformas a las leyes de Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y a los códigos de Procedimientos Penales, Penal Federal y Fiscal de la Federación.

Con dichas reformas se encuadró a delitos fiscales con modalidades específicas -como el fraude, el contrabando y falsificación de facturas o documentos fiscales- como amenazas a la seguridad nacional.