Rosario Robles pidió hoy a la Sección Instructora de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobreseer o desechar el procedimiento en su contra. Foto: Archivo

CD. DE MEXICO

/REFORMA

Rosario Robles pidió hoy a la Sección Instructora de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobreseer o desechar el procedimiento en su contra, al estimar que incurre en varias anomalías y violaciones procesales, como su derecho a la presunción de inocencia.

En un comunicado, sus abogados Epigmenio Mendieta, Julio Hernández Barros y Javier Sánchez Rojas indicaron que la ex funcionaria presentó en tiempo y forma ante la Sección Instructora su contestación al citatorio para comparecer ante dicha instancia legislativa.

"Con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la ex funcionaria envió un documento mediante el cual solicita el sobreseimiento del procedimiento que 'ha estado plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales'", dijo su defensa.

En el escrito, ingresado esta mañana, sus defensores manifiestan su "más enérgico rechazo al escarnio y a la sistemática violación de derechos humanos de la cual está siendo víctima nuestra representada".

Los abogados advirtieron que, de continuar el juicio político, los diputados incurrirán en una responsabilidad jurídica y política, la cual se hará valer en el momento procesal oportuno y ante las instancias nacionales e internacionales.

Adicionalmente, dijeron valorar la presentación de una demanda de responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir el Estado mexicano. Señalaron que con el juicio político se violenta el derecho humano de certeza y seguridad jurídica por carecer de materia y de objeto, "porque resulta materialmente imposible la destitución de la enjuiciada" ya que ella no desempeña actualmente ningún cargo público.

Además, de que "también ya fue injusta y arbitrariamente- inhabilitada" por la Secretaría de la Función Pública. Su defensa alega la violación al principio de legalidad y debido proceso, pues la Comisión de Puntos Constitucionales nunca fue convocada a la instalación de la subcomisión de examen previo.

Lo anterior, según los abogados de Robles, implica una transgresión a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, dando como resultado la nulidad de la respectiva sesión.

"Por otro lado, en el seno de la subcomisión de examen previo, existen 127 denuncias de juicio político pendientes por desahogar en contra de diversas personas que fueron presentadas antes que las instauradas en contra Rosario Robles", señalaron.

"Sin embargo, esas denuncias pendientes no han sido tramitadas, y en cambio, de buenas a primeras, se comenzó a dar todo el impulso procesal necesario para enjuiciar de manera exprés a nuestra representada".

Otras violaciones procesales enumeradas son el trámite indebido de la Cámara de Diputados a la denuncia de juicio político del 23 de abril del año 2013, la ley establece que las sanciones deberán aplicarse en un plazo no mayor a un año a partir de iniciado el procedimiento, lo que quiere decir que el procedimiento de juicio político debió de concluir a más tardar el 23 de abril del 2014.

También destacan que la denuncia de juicio político de 2013 no fue ratificada por el entonces diputado Silvano Aureoles Conejo, hoy Gobernador de Michoacán; y no existe evidencia ni convocatoria formal ni acta de la sesión de la sección instructora.

Fijarán mañana periodo de pruebas para Robles

Tras recibir el escrito por parte de la defensa de Robles, el diputado Pablo Gómez, presidente del organismo legislativo, indicó que se reunirán mañana miércoles a las 11:00 horas para determinar la fecha en la que se abrirá el periodo de pruebas, el cual durará 30 días naturales.

Dijo que una vez iniciada este etapa, los diputados que integran la Sección Instructora requerirá información a entidades públicas y algunas privadas sobre los hechos que están descritos en la denuncia, los cuales se refieren al desvío de alrededor 7 mil 600 millones de pesos a partir del esquema conocido como la Estafa Maestra.

El legislador dijo que durante el periodo de pruebas, Robles podrá aportar todos los elementos que desee con toda libertad y sin ninguna limitación.

El morenista dijo que en la reunión de mañana, la Sección Instructora también aprobará los requerimientos de información que harán a la Auditoría Superior de la Federación, las secretarías de Estado y el Instituto Nacional Electoral.

"Necesitamos saber cuáles fueron las quejas de fiscalización, si es que existieron, que se presentaron en conexión con los hechos que constan o que están expuestos en las denuncias", informó.

El diputado de Morena indicó que también recurrirán a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de conocer los procedimientos que se abrieron en relación con la Estafa Maestra, así como a universidades que pudieran estar relacionadas.

"Tenemos una cuestión que no ha resuelto la Sección, que tiene que ver con requerir a la Fiscalía algunos elementos de la denuncia penal, con el propósito de ver si tienen conexión con la responsabilidad política, que normalmente ocurre así.

Hay hechos punibles que se vinculan con hechos sancionables en la materia política, lo que pasa es que los precedentes que tenemos son muy escasos, los dos últimos juicios políticos son del año 26", explicó.

Dijo que posterior a la fase de pruebas, la Sección Instructora realizará la revisión de toda la documentación y elaborarán una lista de las personas físicas a quienes citarán a comparecer.

"No es un linchamiento, no es una represalia, es un juicio político. El juicio político consiste en imponer, primero, reclamar la responsabilidad de los gobernantes por sus omisiones y sus actos en el desempeño de sus cargos", señaló.