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MIAMI

AGENCIA / EFE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está solicitando a cortes de inmigración de todo el país que retome casos de deportación ya cerrados por la vía administrativa de beneficiarios de la Acción Diferida (DACA), confirmó la agencia federal a CNN.

"La reprogramación de casos administrativamente cerrados está ocurriendo en todo el país y no sólo en un estado en particular o en regiones aisladas", dijo ICE a CNN en una carta.

Esta afirmación confirma la denuncia de abogados y grupos de defensa de los derechos civiles que en las últimas semanas han llamado la atención sobre casos ocurridos en varios estados del país.

Las denuncias comenzaron a llegar semanas antes de que la Corte Suprema escuchara el pasado 12 de noviembre los argumentos sobre la disputa legal generada por la decisión del Presidente Donald Trump de cancelar en septiembre de 2017 este programa que actualmente protege a unos 660 mil dreamers de la deportación.

Estos jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños de la mano de sus padres, también indocumentados, están a la espera de que la Corte Suprema decida en el primer semestre de 2020 si la Administración del presidente Donald Trump puede suspender DACA.

En caso de que el Máximo tribunal dé la razón al Gobierno, numerosos dreamers se verían de nuevo a las puertas de la deportación, pues en muchos casos el Gobierno cerró administrativamente sus casos con cargos no penales, como violaciones de tráfico, para que pudieran obtener DACA.

Pero al reabrir sus casos ahora la elegibilidad de los dreamers para renovar DACA estaría en peligro y abriría las puertas a su deportación cuando su permiso de residencia expire.

José Alonso Muñoz, portavoz de United We Dream, el mayor grupo de dreamers del país, dijo que la confirmación de la reapertura de casos demuestra que el plan definitivo del Gobierno Trump es deportar al mayor número posible de indocumentados.

En su opinión, no se trata sólo de las redadas en lugares de trabajo o las detenciones de migrantes en la frontera, sino que los amparados bajo DACA también son una prioridad en su objetivo de acelerar las deportaciones.

En 2018, el entonces Fiscal general, Jeff Sessions, prohibió que los jueces de migración pudieran cerrar más casos administrativamente.

Además, a raíz de esta decisión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, indicó en un memorándum que planeaba reabrir unos 355 mil casos, muchos de los cuales estaban cerrados desde hacía mucho tiempo.